La guerra de Sucesión y el sistema de Utrecht
Guerra de Sucesión (1701-1713)
Carlos II, que había muerto sin descendencia, nombró sucesor a Felipe de Anjou , nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV, quien fue coronado con el título de Felipe V. Acababa así la dinastía de los Habsburgo y llegaba al trono español la dinastía de los Borbones.
Muy pronto, sin embargo, se formó un bando dentro y fuera de España que no aceptaba al nuevo rey y apoyaba al pretendiente el Archiduque Carlos de Habsburgo. La guerra civil y europea estalló.
El conflicto tenía una doble perspectiva:
El ascenso al trono español de Felipe V representaba la hegemonía francesa y la temida unión de España y Francia bajo un mismo monarca. Este peligro llevó a Inglaterra y Holanda a apoyar al candidato austriaco, que, por supuesto, era sustentado por los Habsburgo de Viena. Las diversas potencias europeas se posicionaron ante el conflicto sucesorio español.
Por otro lado, Felipe V representaba el modelo centralista francés, apoyado en la Corona de Castilla, mientras que Carlos de Habsburgo personificaba el modelo foralista, apoyado en la Corona de Aragón y, especialmente, en Cataluña.
La guerra terminó con el triunfo de Felipe V. Junto a las victorias militares de Almansa, Briguega y Villaviciosa, un acontecimiento internacional fue clave para entender el desenlace del conflicto: Carlos de Habsburgo heredó en 1711 el Imperio alemán y se desinteresó de su aspiración a reinar en España. Sus aliadas, Inglaterra y Holanda, pasaron en ese momento a ver con prevención la posible unión de España y Austria bajo un mismo monarca.
El Tratado de Utrecht
La guerra concluyó con la firma del Tratado de Utrecht en 1713. El tratado estipuló lo siguiente:
Felipe V era reconocido por las potencias europeas como Rey de España pero renunciaba a cualquier posible derecho a la corona francesa.
Los Países Bajos españoles y los territorios italianos (Nápoles y Cerdeña) pasaron a Austria. El reino de Saboya se anexionó la isla de Sicilia.
Inglaterra obtuvo Gibraltar, Menorca y el navío de permiso (derecho limitado a comerciar con las Indias españolas) y el asiento de negros (permiso para comerciar con esclavos en las Indias).
El Tratado de Utrecht marcó el inicio de la hegemonía británica.
El cambio dinástico del siglo XVIII:
las reformas internas.
Los primeros Borbones
Felipe V (1700-1746) fue el primer rey de la dinastía de los Borbones. Era nieto de Luis XIV y trajo a nuestro país a la dinastía reinante en Francia (Bourbon). Su reinado fue uno de los más largos de la historia de nuestra país extendiéndose a lo largo de casi medio siglo.
En enero de 1724, Felipe V abdicó de forma inesperada en su hijo Luis, primogénito de su primer matrimonio con María Luisa de Saboya, pero tras la temprana muerte de Luis I, en agosto del mismo año, Felipe volvió a reinar España.
En 1746, al fallecer su padre, Fernando VII ocupó el trono español. Su reinado se caracterizó por el mantenimiento de la paz y la neutralidad frente a Francia e Inglaterra, mientras ambas intentaban la alianza con España. Esta situación fue aprovechada por el su ministro, el marqués de la Ensenada, para proseguir los esfuerzos de reconstrucción interna iniciados en el reinado de Felipe V.
La llegada de la nueva dinastía borbónica propició importantes cambios en la estructura del Estado. Estos cambios, inspirados en gran medida en el estado absolutista francés, fueron introducidos esencialmente durante el reinado de Felipe V.
Los primeros Borbones adoptaron diversas medidas centralizadoras, con el objetivo de hacer un estado más eficaz. En este sentido se adoptaron novedades importantes:
Decretos de Nueva Planta (1707 Aragón y Valencia, 1715 Mallorca, 1716 Cataluña): Abolición de los fueros e instituciones propias de los reinos de la Corona de Aragón. Los fueros de las provincias vascas y Navarra se mantuvieron ya que apoyaron a Felipe V durante la Guerra de Sucesión.
Nuevo modelo de administración territorial, basado en la siguiente estructura: división del territorio en provincias; sustitución de los Virreyes por los Capitanes Generales como gobernadores políticos de las provincias; las Reales Audiencias se mantienen para las cuestiones judiciales; y siguiendo el modelo francés, se creó la figura de los Intendentes, funcionarios encargados de las cuestiones económicas. Finalmente, en los Ayuntamientos se mantuvieron los cargos de Corregidor, Alcalde Mayor y Síndicos personeros del común (elegidos por el pueblo para su defensa)
Los Borbones también reformaron la administración central consolidando el establecimiento de una plena monarquía absoluta. Se suprimieron todos los Consejos, exceptuando el Consejo de Castilla que se convirtió en el gran órgano asesor del rey. Se crearon las Secretarías de Despacho (Estado, Guerra, Marina, Hacienda, Justicia e Indias), antecedentes de los ministerios. En 1787 se establece la Junta Suprema de Estado, antecedente del Consejo de Ministros.
La nueva dinastía intensificó la política regalista, buscando la supremacía de la Corona, poder civil, sobre la Iglesia. Las dos medidas principales fue el establecimiento de un mayor control sobre la Inquisición y, sobre todo, la expulsión de la Compañía de Jesús adoptada por Carlos III en 1767.
Hubo intentos no demasiado eficaces de reformar el sistema de Hacienda. Se trató de unificar y racionalizar el sistema de impuestos y, para ello, se llevó a cabo el Catastro de Ensenada en 1749 en la Corona de Castilla. Este Catastro es un censo de todas las propiedades del reino, muy útil para los historiadores. Se buscó también la unificación monetaria, estableciéndose el Real de a dos.
La práctica del Despotismo Ilustrado: Carlos III
Carlos III (1759-1788), hijo de Felipe V y hermanastro de Fernando VI, antes de ser rey de España desempeñó el cargo de Rey de Nápoles de 1735 y 1759.
Su reinado se caracterizó por la aplicación de las reformas del despotismo ilustrado:
El siglo XVIII fue un período de recuperación económica. Esta fue desigual, mayor en la periferia que en el centro peninsular. En ese contexto de crecimiento económico, con el Conde de Aranda (1769) y Floridablanca (1787) se llevaron a cabo los primeros censos con la finalidad de conocer las potencialidades económicas y fiscales.
Entre los ilustrados se extendió la conciencia de la necesidad de emprender reformas en la agricultura, ocupación que ocupaba a la mayoría de la población y que estaba muy atrasada. Para ello se crearon asociaciones como las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y los ministros de Carlos III prepararon diversos planes de reforma como el Memorial Ajustado de Campomanes y el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos.
Todos estos proyectos y documentos del período denunciaban las enormes propiedades amortizadas (mayorazgos de la nobleza o manos muertas de la Iglesia) y afirmaban que el acceso del campesinado a la propiedad de la tierra era una condición necesaria para el progreso del país. Por primera ves, se empezaba a hablar de la desamortización. Sin embargo, la negativa rotunda del Clero y la Nobleza, incluso hubo procesos de la Inquisición a ministros ilustrados com el Conde de Aranda, llevó a la paralización de las reformas.
Las únicas medidas que se llevaron a cabo fueron el reparto de tierras comunales en Extremadura, la repoblación (fallida) de Sierra Morena bajo el gobierno de Olavide, la reducción de los derechos de la Mesta y algunas obras de regadío (Canal Imperial de Aragón, Canal de Castilla…)
Los ministros ilustrados aprobaron medidas para fomentar el desarrollo de la Industria. Se rompió el monopolio de los gremios en 1772; se establecieron, con escaso éxito económico, las Reales Fábricas, con apoyo del estado (armas, astilleros, vidrio, tapices…) Las industrias textiles privadas catalanas (“indianas”) fueron más competitivas que las empresas estatales.
Con respecto al comercio se adoptaron medidas conducentes a integrar el comercio nacional, como la mejora de las vías comunicación o la supresión de las aduanas interiores. Un decreto de 1778 estableció la liberalización del comercio con América, acabándose con el secular monopolio de la Casa de Contratación. Sin embargo, se manutvo la política comercial proteccionista con respecto a las demás potencias.
En el terreno financiero, se estableció el Banco de San Carlos, antecedente del futuro Banco de España. En este período, aparece la peseta, aunque no será la moneda oficial del país hasta 1868.
Teniendo en cuenta la dinámica política se pueden distinguir dos períodos en los gobiernos de Carlos III:
1759-1766 Gobiernos de Esquilache y Grimaldi. Los intentos de introducción de reformas encontraron una viva reacción que culminó en el Motín de Esquilache en 1766. Esta revuelta que estalló contra el decreto que obligaba a cambiar capas y sombreros tiene razones complejas. Podemos hablar de un motín popular “nacionalista”, contra el ministro italiano, manejado por el clero (jesuitas) y la nobleza para frenar las reformas. Los Jesuitas, acusados de fomentar el motín, fueron expulsados en 1767.
1766-1788 Gobiernos del Conde de Aranda, Floridablanca y Campomanes. Este período está dominado por los grandes ministros ilustrados que ensayaron diversas reformas económicas que finalmente no se llevaron a cabo por la oposición del clero y la nobleza.
La evolución de la política exterior española en Europa durante el siglo XVIII
Las grandes líneas de la política exterior española arrancan de la difícil situación creada tras el Tratado de Utrecht. La política exterior se planteó los siguientes objetivos: recuperar Gibraltar y Menorca, territorios españole sen manos británicas, y conseguir establecer a para príncipes de la familia Borbón en los territorios italianos perdidos.
Para ello, la política exterior española se basó en la alianza con Francia, concretada en varios Pactos de Familia, y el enfrentamiento con Inglaterra en el Atlántico ante la amenaza británica a las posesiones españolas en las Indias.
La política exterior de Felipe V (1700-1756) se dirigió a la recuperación de los territorios italianos. Ante el fracaso de los primeros intentos en solitario se optó por la alianza con Francia. Esta alianza se concretó en el Primer Pacto de Familia (1734) y el Segundo Pacto en 1743. Fruto de estos pactos fue la participación apoyando los intereses franceses en la Guerra de Polonia (1733-1738) y en la Guerra de Sucesión de Austria (1743-1748). Como resultado de esta intervención Felipe V consiguió que el infante Carlos, el futuro Carlos III de España fuera coronado Rey de Nápoles y Sicilia y que el infante Felipe fuera nombrado Duque de Parma.
Con Fernando VI (1746-1759), el gobierno español adoptó una política exterior de neutralidad, equidistante entre Londres y París.
Carlos III (1759-1788) volvió a la alianza con Francia y firmó el Tercer Pacto de Familia (1761) y a la participación de España en la guerra de los Siete Años (1761). La victoria británica, junto a su aliada Portugal, llevó a firma del Tratado de París (1763) por el que cedimos Florida a Inglaterra y Sacramento a Portugal. Para compensar esas pérdidas Francia nos cedió Luisiana.
De nuevo en América, España junto a Francia apoyó a los rebeldes norteamericanos contra Inglaterra. La derrota británica llevó a la firma del Tratado de Versalles (1783) lo que permitió la recuperación de Menorca, Florida y Sacramento.
La política exterior de Carlos IV (1788-1808) estuvo completamente marcada por la Revolución Francesa y nos llevará a la trágica guerra de la Independencia contra Napoleón en los inicios del siguiente siglo.
La Ilustración en España
La Ilustración en España se inscribe en el marco general de la Ilustración europea (espíritu crítico, fe en la razón, confianza en la ciencia, afán didáctico). Las influencias son esencialmente francesas e italianas.
Los ilustrados fueron una minoría culta formada por nobles, funcionarios, burgueses y clérigos. Básicamente se interesaron por:
Reforma y reactivación de la economía (preocupación por las ciencias útiles, mejora del sistema educativo).
Crítica moderada de algunos aspectos de la realidad social del país.
Interés por las nuevas ideas políticas liberales, aunque, en su mayor parte, no apoyaron planteamientos revolucionarios.
Su afán reformista les llevó a chocar con la Iglesia y la mayor parte de la aristocracia. Pese a los afanes ilustrados, la mayoría del país siguió apegada a los valores tradicionales.
Podemos distinguir varias etapas:
En la primera mitad de siglo destacan Feijóo, cuya obra se centro en la divulgación de la ciencia de Newton y en la crítica a los prejuicios tradicionales y las supersticiones (Teatro Crítico, 1726) y Mayáns.
Durante este período se crearon las principales Academias, instrumento de difusión de las luces, Se establecieron la Real Academia de la Lengua, Medicina, Historia, Bellas Artes de San Fernando, y, junto a ellas, el Jardín Botánico y Gabinete de Historia Natural.
Tras el impulso reformista del reinado de Fernando VI, la ilustración llega a su apogeo en el reinado de Carlos III. Los ministros de este monarca, con espíritu renovador, trataron de elevar el nivel económico y cultural del país.
Los escritos de Campomanes, Jovellanos, Capmany o Cabarrús muestran la asimilación de las teorías económicas de la fisiocracia y del liberalismo económico. Fruto de ese interés por los asuntos económicos y sociales fue la creación de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, preocupadas por la difusión de las “ciencias útiles” y el desarrollo económico.
El interés por la educación y el progreso científico se concretó en la creación de nuevas instituciones de enseñanza secundaria (Reales Estudios de San Isidro), de enseñanza superior (Colegio de Cirugía, Escuela de Mineralogía, Escuela de Ingenieros de Caminos) y en la reforma de las Universidades y de los Colegios Mayores.
El desarrollo de las ciencias experimentales fue importante: Mutis y Cavanilles en biología, Ulloa y Jorge Juan en Astronomía y Cartografía, Piquer en Medicina.
También se desarrolló la literatura didáctica y crítica (Feijóo, Jovellanos, Cadalso y Moratín con su célebre El sí de las niñas, y se desarrolló la prensa y las revistas literarias y científicas.
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