TEMA LA SEGUNDA REPUBLICA

LA SEGUNDA REPUBLICA (1931-1936).

EL GOBIERNO PROVISIONAL REPUBLICANO: LAS PRIMERAS REFORMAS

El 14 de abril se formó un Gobierno Provisional, en que estarían presentes la mayoría de los líderes del Comi¬té Revolucionario creado por el Pacto de San Sebastián. Su principal misión sería convocar elecciones a Cortes Cons¬tituyentes para que elaborasen una nueva Constitución. La Presidencia del gobierno provisional de la República reca¬yó en Alcalá Zamora.
Este gobierno, en los dos meses que duró, llevó a cabo reformas inmediatas:

En educación, la reforma iba dirigida a la extensión de la enseñanza primaria y la supresión de la enseñanza obli¬gatoria de la religión. Se construyeron, en dos años, 6.570 escuelas y se convocaron oposiciones para 7.000 maes¬tros, con un considerable aumento del sueldo de éstos; se planificó la creación de 5.000 bibliotecas rurales y se ini¬ciaron campañas de alfabetización de adultos
En el campo, se establecía la jornada laboral de ocho horas, la obligatoriedad para los patronos de dar trabajo a los jornaleros del término municipal, la fijación de salarios mínimos, la prohibición de desahuciar a los arrendatarios por falta de pago al propietario y también un decreto de "laboreo forzoso", por el que los propietarios se veían obli¬gados a poner en producción sus parcelas cultivables.

En el ejército, que era mayoritariamente monárquico, el Ministro de la Guerra, Azaña, intentó modernizarlo y someterlo al poder civil. AI ser un profundo conocedor del papel golpista que había desempeñado el ejército en los últi¬mos cien años de la Historia española, decidió eliminar de él a los posibles golpistas, intentando de esta manera evitar el peligro de que un nuevo pronunciamiento terminase con la República. La conocida, popularmente, como "ley Azaña del 31 ", hacía posible el pase a la reserva, conservando el suel¬do íntegro, de los jefes y oficiales que no quisieran prome¬ter fidelidad a la República: aceptaron la baja 84 generales, 8.650 oficiales y 1.866 mandos menores (cerca del 50 % del total). Al resto, les exigió una declaración expresa de fideli¬dad a la República. Redujo a la mitad el número de unidades y eliminó los cargos de teniente general y capitán general; también cerró la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por el general Franco -que se disgustó profundamente-, por considerarla un posible foco antirrepublicano y gol pista. Suprimió los ascensos por méritos que no fuesen debidos a la antigüedad por lo que algunos generales como Franco, perdieron puestos en el escalafón. Muchos suboficiales se beneficiaron al propiciar su rápido ascenso al cuerpo de ofi¬ciales. Algunas de estas medidas le enemistaron con algunos mandos que, cinco años más tarde, protagonizarían otra sublevación que originaría la Guerra Civil.
En la Iglesia Católica, también estrechamente vincula¬da con la monarquía derrocada y debido al habitual anticle¬ricalismo republicano, los problemas fueron múltiples: la supresión de la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas empezó a despertar el recelo del clero y causó tam¬bién disgusto la eliminación de las subvenciones eclesiásticas por parte del Estado. El creciente anticlericalismo popular habría de desembocar pronto, el I I Y 12 de mayo de 193 1, en la quema de un centenar de iglesias y conventos en Madrid y otras ciudades como Murcia, Málaga, Sevilla y Cór¬doba. La Iglesia y las clases acomodadas acusaron al gobier¬no de pasividad en evitar estos actos vandálicos, pese a que éste declaró el estado de guerra. Contaba la Iglesia española en 1931 con 32.702 sacerdotes y 103.974 religiosos. Su apo¬yo a las clases dirigentes, les harían pronto blanco de las iras populares apareciendo un creciente anticlericalismo que rayaba a veces en lo grotesco, como por ejemplo la normativa municipal en algunos ayuntamientos que establecían un impuesto especial para el entierro de los católicos, o por el toque de campanas.
Se produjo en el país un aumento de huelgas (de pescadores, mineros, brace¬ros del campo, de la Telefónica) que terminaron enfrentando a los huelguistas con la Fuerza Pública, produciéndose varios muertos.
La cuestión de las autonomías empezó a tomar cuerpo y en Cataluña, el líder autonomista Maciá proclamó, ilegalmente, la República Catalana, sin esperar la legislación parlamentaria respecto a este tema.


- LA CONSTITUCIÓN REPUBLICANA DE 1931

A. LAS CORTES CONSTITUYENTES (JUNIO 1931)

Las elecciones que convocó el gobierno provisional para crear las nuevas Cortes de la República se celebraron el 28 de junio con una amplia participación popular mas¬culina, un 70 % Y unos 4'5 millones de votantes, dándose el mayor número de abstenciones en las zonas de influencia anarquista, que intentaron boicotearlas (Barcelona, Cádiz).
La mayoría de los diputados elegidos eran republicanos y obtuvo el triunfo la coalición republicano-socialista. El objetivo fundamental del nuevo gobierno era elaborar una nueva Constitución para el país, que sustituyese a la monárquica de 1876.


B. LA CONSTITUCIÓN DE 1931

La Constitución de 1931 se asemejó a la que, tras la Primera Guerra Mundial, habían elaborado otros países europeos democráticos. Pero en el caso español, sin expe¬riencia democrática, los artículos de la nueva Constitución reflejan planteamientos absolutamente nuevos, modernos y revolucionarios. Tanto que puede afirmarse que esta Constitución sólo fue aceptada por la mitad de España.
España es, según el artículo 10 "...una República demo¬crática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de justicia". Reconocía también la liber¬tad de expresión, de reunión y de asociación.
En cuanto al polémico tema de las autonomías, puer¬ta según las derechas para el separatismo y la ruptura de la unidad nacional, la nueva Constitución afirmaba: "La República constituye un Estado integral, compatible con la auto¬nomía de los MuniciPios y las Regiones". Las provincias que al unirse deseasen formar una región autónoma deberían, necesariamente, presentar a las Cortes de la nación un proyecto de Estatuto de Autonomía.
Con respecto a la educación, la Constitución garanti¬zaba su derecho a todo el mundo, siendo el Estado el res¬ponsable de su generalización: las escuelas serían públicas, mixtas, gratuitas y obligatorias. La asignatura de religión quedaba eliminada de los programas docentes.
Los artículos que hacían referencia a la situación de la Iglesia fueron los que suscitaron más polémica y enfrenta¬mientos. Los elementos más radicales y anticlericales abo¬garon por la disolución de todas las órdenes religiosas y la confiscación de sus bienes. Esta medida no se aplicó y se decidió disolver aquellas congregaciones religiosas que tuviesen "obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado", por lo que fue disuelta la Compañía de Jesús que debía obediencia directa al Papa. La Iglesia dejaría de perci¬bir subvenciones del Estado y se le prohibía, además, la docencia y dedicarse a actividades comerciales e industria¬les. Se proclamaba también la libertad de cultos y la sepa¬ración entre la Iglesia y el Estado se iba acentuando: "El Estado español no tiene religión oficial". El que sería presiden¬te del gobierno, Manuel Azaña, había puesto el dedo en la llaga al afirmar en los debates parlamentarios que "España había dejado de ser católica". Las relaciones con la Iglesia se enturbiaron y una buena parte de la sociedad católica espa¬ñola se distanció del régimen republicano.
Artículos necesarios e innovadores fueron los que reconocían la libertad de expresión ("derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones sin sujetarse a censura pre¬via"), el voto femenino, por primera vez en la historia de España, la posibilidad de que las mujeres pudiesen ocupar cargos públicos y también el derecho al divorcio ("el matri¬monio se funda en la igualdad de ambos sexos y podrá disol¬verse por mutuo disenso o a petición de cualquiera, con alegación, en este caso, de justa causa"). Se establece el matrimonio civil y la igualdad de derechos entre hijos legí¬timos e ilegítimos.

La legislación laboral era también moderna y justa, pro¬tegiendo los derechos de los trabajadores (seguros de desempleo, enfermedad, etc.). Especialmente revolu¬cionario era el artículo 44 que preveía que "la propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de exproPiación forzosa por causa de utilidad social, mediante adecuada indemniza¬ción Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados". Las ilusiones de los jornaleros sin tierra aumentaron y la oposición de los propietarios latifundistas creció, aunque "en ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes". Se reconocía el derecho a la propiedad privada y a la libre iniciativa indivi¬dual, aunque ambas se subordinaban a los intereses de la economía nacional. dejándose así la puerta abierta a la nacionalización, socialización e intervención estatal en la economía.

Tras la aprobación de la Constitución por el Parlamen¬to, fue designado Presidente de la Segunda República Espa¬ñola, Alcalá Zamora y Jefe del Gobierno o Presidente del Consejo de Ministros, Azaña. El presidente de la República.


elegido por un periodo de seis años, sería el encargado de nombrar al Presidente del Gobierno y a los ministros que éste le propusiese.
En resumen, la Constitución de 193I suponía, sin duda, una democratización profunda de las estructuras anticuadas del Estado y era más moderna que alguna de las europeas de su entorno. No fue, sin embargo, una Constitución aceptada por todos los grupos políticos lo que sin duda le hubiese dado más estabilidad. Era una Constitución de izquierdas que recogía las ideas de una mayoría de parlamentarios socialistas y republicanos. La derecha quedaba marginada y arrinconada con lo que no tardaría en empezar a conspirar contra ella. Era una Constitución burguesa que no satisfacía a las derechas, que se sentían perjudicadas, ni a la extrema izquierda, que veía en ella la muralla para una revolución social.

LA REPÚBLICA DE IZQUIERDAS: BIENIO
REPUBLICANO-SOCIALISTA (1931-1933)

A. LA POLÍTICA REFORMISTA DE AZAÑA

Se ha señalado que si algún adjetivo se ajustó al nuevo presidente del gobierno, Azaña, fue el de reformista por la gran cantidad de cambios que su gobierno había de aco¬meter en poco tiempo.
La serie de leyes a elaborar, votar y aplicar eran impor¬tantísimas: Ley de Bases de la Reforma Agraria, Ley del Divor¬cio y del Matrimonio Civil, el Estatuto de Autonomía para Cataluña, Ley de Congregaciones Religiosas o la Ley de Orden Público, entre otras.

Muchas fueron de difícil o lenta aplicación porque gran parte de los funcionarios públicos, en todo el país, eran los mismos que había con la monarquía y en los puestos que ocupaban podían obstaculizar o retrasar las reformas que el gobierno planteaba. Ésta no era la única cuestión, pues, a la falta de presupuestos por los problemas de la Hacien¬da Pública, se unía la falta de tranquilidad que necesitaba el gobierno y el Parlamento para legislar y aplicar las leyes. A un sobresalto de orden público sucedía otro.
Con respecto al problema autonómico en Catalu¬ña, el 90 % de los ciudadanos habían votado a favor del Estatuto de Autonomía y éste fue aprobado, aunque se eliminó de él cualquier referencia al derecho de autode¬terminación, a la declaración del catalán como lengua úni¬ca y al derecho de incorporación de otros territorios. En septiembre de 1932, según dicho Estatuto, "Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado Españof'.

A partir de ahora Cataluña, tuvo un gobierno autóno¬mo, la Generalitat, con un Presidente (Maciá), un poder legislativo o Parlamento y un Consejo o poder ejecutivo; tendría también policía propia y se reconocían como len¬guas oficiales el castellano y el catalán. Satisfizo a la mayo¬ría de los catalanes, salvo a los radicales que pretendían una total separación de España.
Intelectuales de la talla de Unamuno u Ortega y Gasset, periódicos como el ABC, el Imparcial y otros, arremetían contra el Estatuto de Autonomía Catalán por considerarlo separatista. De esta opinión eran, también, algunos militares, entre los que destacaban Sanjurjo y Goded.
Los vascos, también en aquellos momentos, estaban intentando lograr, en el Parlamento de Madrid, un estatuto parecido, teniendo cada vez mas importancia el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Igual ocurría en Galicia y en menor medida también en Valencia, Castilla, Aragón, Anda¬lucía, Baleares. Para los que veían en el fenómeno de las autonomías el desmembramiento de España y el perjuicio de sus intereses personales, la animadversión hacia la Repú¬blica que las propiciaba, iba creciendo día a día.
Muchos jornaleros habían supuesto que la llegada de la República era sinónimo de reparto de tierras. Sus esperanzas empezaron a verse defraudadas y así, el día de fin de año de 1931, tuvo el gobierno que enfrentarse a su primer conflicto grave: en el pueblo de Castiblanco (Bada¬joz), la Guardia Civil* al disolver una manifestación de campesinos, mató a uno; la multitud, enfurecida, atacó a los guardias. La situación se agravó más todavía cuando, en Arnedo (Logroño), la Guardia Civil, mató en una manifes¬tación a cuatro mujeres e hirió a veintiocho personas. El gobierno hizo responsable al general Sanjurjo, Director General de la Guardia Civil, de los excesos de Arnedo y lo destituyó. Se ganaba así un peligroso enemigo que no tar¬daría en atentar contra la República. Por otro lado, depor¬tó a Guinea a más de cien anarquistas relacionados con estos sucesos. Mientras el Parlamento debatía estas leyes, las huelgas se multiplicaban.

En algunos pueblos del Bajo Llobregat, como Sallent (Barcelona) los mineros ocuparon la ciudad y se declararon independientes. Tras izar la bandera roja en el ayuntamiento, se abolió la propiedad privada y el dinero. El gobierno tuvo que ocupar la ciudad mediante las fuerzas del orden.
En los cuarteles militares, la oposición era cada vez mayor y Azaña tuvo que cesar a tres generales. Respecto al problema del paro, no hubo un plan eficaz para su solución a gran escala, pese a que el gobierno inició un plan de Obras Públicas destinado a absorberlo.
Se realizó un notable esfuerzo en el plano educativo: mediante 14.000 maes¬tros, 10.000 escuelas y un incremento del SO % en los presupuestos destinados a educación.

B. AZAÑA y LA LEY DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA

Manuel Azaña, al comprobar el acoso que soportaba el nuevo el régimen políti¬co, hizo saber que el gobierno haría que la República fuese respetada por todos los españoles.
Una de las medidas para lograr este respeto al orden constitucional fue la llama¬da Ley de Defensa de la República. Esta era una auténtica ley de excepción que, en caso necesario, permitía al gobierno suspender las garantías constitucionales, para de esta manera controlar cualquier oposición al régimen. La derecha llegó a afirmar que era una auténtica dictadura del gobierno que amenazaba las libertades demo¬cráticas. Azaña justificará esta ley por la necesidad de republicanizar la administración, de forma que la República y sus leyes llegasen a todos los rincones de España.
También se creó, en 1931, la Guardia de Asalto*.
El paro aumentó enormemente en el periodo republicano. Tenemos que recordar que la crisis mundial de los años 30, procedente del crack del 29 estadounidense, estaba afectando mucho a casi toda Europa.

C. El PROBLEMA AGRARIO

A la llegada de la República el gran problema del cam¬po español seguían siendo los latifundios, especialmente de Andalucía y Extremadura. Se calcula que más de la mitad de la tierra cultivada en España eran propiedades superio¬res a las 100 hectáreas. Estos latifundios estaban en manos de propietarios absentistas que no los cultivaban direc¬tamente, sino que lo hacían a través de un capataz o arren¬daban la finca. Estos, capataz o arrendatario, eran los encargados de contratar, al salir el sol y en la plaza de los pueblos, a los braceros a los que ofrecían un jornal muy bajo e insuficiente que oscilaba entre las 2'80 (en tempo¬rada baja) y las 5'50 pesetas al día (en tiempos de reco¬lección) trabajando "de sol a sol".
El dinero obtenido de estos latifundios raramente era reinvertido allí por el propietario. Solían carecer de maqui¬naria moderna, abonos, y muchos de ellos estaban mal cul¬tivados, por lo que su rentabilidad era baja.

La oferta de mano de obra era muy superior a la demanda por lo que los abusos en el salario a la hora de contratar eran frecuentes. La miseria y la desesperación eran habituales entre estos jornaleros que ya no tenían la válvula de escape de la emigración a las ciudades o a Amé¬rica, dado que la crisis económica del año 1929 había colapsado el trabajo industrial. En estas condiciones, la situación del campo español era un auténtico barril de pól¬vora, donde arraigaban fácilmente las tendencias revolu¬cionarias.

Las medidas que hasta entonces había tomado el gobierno, que ya hemos estudiado, habían servido sólo para aliviar pero no habían solucionado el fondo del pro¬blema; el campesinado sin tierras al que la propaganda electoral había prometido soluciones rápidas y radicales, se desesperaba por la lentitud del gobierno y se sucedían los motines y ocupación de fincas, hechos que eran ataja¬dos rápidamente por los propietarios o por la fuerza pública. Hacía falta una ley que definitivamente zanjara la cuestión.
La miseria también se cebada con millares de peque¬ños propietarios minifundistas que con numerosa familia que mantener y con los escasos ingresos obtenidos de sus tierras, generalmente pobres, tenían que caer en manos de prestamistas que los encadenaban con intere¬ses abusivos.

Las revueltas campesinas, huelgas, ocupaciones de fincas, destrucción de maquinas y cosechas fue habitual en los campos durante estos años.

D. LA REFORMA AGRARIA: UN PROBLEMA SIN SOLUCIONAR

_La Reforma Agraria en España fue el problema, sin solucionar, más importante de la Segunda República. Fue un experimento fallido, pues entre obstáculos en su aproba¬ción y lentitudes en su aplicación, no se llevó casi a la prácti¬ca. Las causas del fracaso son diversas: la falta de medios económicos, la complejidad de la ley y la incompetencia de muchos de los encargados de aplicarla, en especial del Minis¬tro de Agricultura, Marcelino Domingo, reputado escritor y periodista. Fue la discusión y ejecución de esta ley la que más problemas ocasionó al primer gobierno de la República y la que posiblemente más contribuyera a su caída a fines de 1933 para que fuese sustituido por un gobierno de derechas.
Inicialmente los anuncios de reparto le valieron el apo¬yo y el voto de cientos de miles de jornaleros, pero la lentitud en la aplicación de la ley hizo que la agitación cre¬ciese en el campo, especialmente en el año 1933 (sucesos de Casa Viejas). Muchos campesinos empezaron a consi¬derar que solo quedaba un camino para lograr sus reivin¬dicaciones: la revolución.
Los propietarios agrícolas amenazados con la expropiación de sus tierras se unieron para combatir esta ley y encontraron en el Parlamento el claro apoya de la derecha agraria que obstaculizó, lo más que pudo, su pues¬ta en marcha
También el campesino medio, conservador por natu¬raleza, aunque no estaba amenazado por la Ley de Reforma Agraria, de alguna manera se sintió también intranquilo por las ocupaciones de fincas y por los intentos de socialización, los hurtos crecientes por hambre y necesidad, la destruc¬ción de máquinas que quitaban puestos de trabajo, la quema de cosechas. En las elecciones de fines de 1933, apoyó a la derecha, confiando en que otro tipo de gobierno haría rei¬nar la paz social en el campo, aunque fuese por la fuerza.
En 1931 se aprobó el Decreto de Términos Munici¬pales que obligaba a los propietarios a contratar preferen¬temente a jornaleros locales antes que a los forasteros. Tenía gran importancia pues, en caso de huelga de jornale¬ros de la localidad, el propietario no podría irse a otro municipio a contratar a otros trabajadores y así acabar con ella. El mismo año se promulgó el Decreto sobre Labo¬reo Forzoso que obligaba a los propietarios a realizar tareas imprescindibles (desbroce de monte bajo) que mejo¬rasen los cultivos y aumentasen la mano de obra.
Se crearon los jurados Mixtos de Trabajo Rural, Propiedad Rústica e Industrias Agrícolas, formados por propietarios y representantes de los jornaleros sindicados que reglamentarían las condiciones de trabajo y los salarios, harían de árbitros en los conflictos entre arrendatarios y propietarios como también mediarían en los conflictos colectivos. Se generalizó también el Seguro de Accidentes de Trabajo; se reguló la jornada laboral de ocho horas, considerándose como horas extras las restantes.
Estas leyes no siempre se cumplían y frecuentemente eran bloqueadas por los propietarios con el objetivo de desgastar al gobierno.

E. LA APLICACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA

El ministro de Agricultura indicó que la Reforma Agraria se hacía para aminorar el paro en el campo, asentando a jornaleros en las tierras expropiadas a gran¬des propietarios absentistas. Estas tierras se repartirían individualmente (tendencia de los republicanos), o en cooperativas (idea de los socialistas) y se procuraría, con créditos a los nuevos propietarios, que las modernizaran, aumentaran la producción y las superficies dedicadas al regadío. Se trataba de fomentar la pequeña propiedad y estimular la productividad. En resumen: tierra para el que no tenía, fin del latifundio y castigo del absen¬tismo.


Hubo varios proyectos. El mas sencillo fijaba que anual¬mente se asentarían entre 60.000 y 75.000 familias cam¬pesinas en tierras que ocuparían "temporalmente por tiempo indefinido" en propiedades superiores a 10 hectáreas de regadío y de más de 300 hectáreas de secano. Las tierras las podrían explotar comunal mente o de forma individual. Se creaba el IRA (Instituto de Reforma Agraria) para su ejecución y los medios para llevarla a cabo se obten¬drían de un impuesto especial a las grandes propiedades. El proyecto fue rechazado por el Parlamento.
El que se aprobó finalmente el 24 de agosto de 1932 -por 318 votos a favor y 19 en contra de la derecha agra¬ria-, fue un texto complicado (contemplaba hasta trece categorías de tierras expropiables, lleno de errores, que exigía una burocracia tan enorme para hacer inventario de las propiedades a expropiar y unos medios económicos tan grandes para indemnizar a los antiguos propietarios, que en la práctica apenas se aplicó. La ley afectaba funda¬mentalmente a grandes zonas latifundistas como toda Andalucía, Extremadura y las provincias de Salamanca, Ciu¬dad Real, Toledo y Albacete. El IRA se encargó de hacer un Registro de la Propiedad Expropiable.
Según la Ley de Bases de la Reforma Agraria, se expro¬piarían, sin indemnización, las tierras de los Grandes de España, por considerar que habían apoyado el intento de golpe de Estado que pocos días antes había dado el gene¬ral Sanjurjo. La medida era importante pues 65 aristócratas poseían más de 500.000 hectáreas. Se expropiarían, con indemnización, las tierras sin cultivar o mal cultivadas, las regables y no regadas y las que ocupasen más de la sexta parte de un municipio y fuesen de un sólo propietario; tam¬bién las que su dueño las tuviese siempre arrendadas o al menos durante los doce últimos años, si pagaba anualmen¬te más de 1.000 pesetas de renta catastral.


Los campesinos no podrían vender, ni arrendar ni hipo¬tecar las tierras que se les dieran. El IRA debía de indem¬nizar a los propietarios y dar créditos a los campesinos para abonos, semillas, maquinaria etc.
Las indemnizaciones se harían, parte en efectivo (un 20 % para las propiedades más pequeñas y un I % para las mayores) y el resto en títulos de Deuda Pública emi¬tidos por el Estado.
¿Cuánto dinero se asignó al Instituto de Refor¬ma Agraria anualmente? La pequeña cantidad de 50.000.000 de pesetas (el I % del presupuesto del Esta¬do). Con estos insignificantes medios, la Ley de Bases de la Reforma Agraria se convirtió en letra muerta y en la gran ilusión perdida. Hasta la extrema derecha, en boca de José Antonio Primo de Rivera, criticó la escasez de dinero que hiciera posible la aplicación de la Reforma Agraria.
¿Qué repercusiones tuvo la Reforma Agraria? ¿A cuantas familias de jornaleros agrícolas afectó? ¿Cuántas tierras se expropiaron? A finales de 1933, cuando llegó la derecha al poder y se paralizó la Reforma Agraria, sólo se habían asentado de forma definitiva unas 2.500 familias campesinas sobre 24.203 hectáreas. En 1935, el gobierno de derechas aprobó la Ley de Reforma de la Reforma Agraria, para acabar con la tímida experiencia.

LA CRISIS DE LA REPÚBLICA DE IZQUIERDAS


A. PRIMERAS INTENTONAS DE GOLPE DE ESTADO

El descontento de la derecha monárquica y de una par¬te del estamento militar contra la República, se plasmaría en algunos intentos de sublevación, siendo el de más rele¬vancia el que encabezó el 10 de agosto de 1932 el gene¬ral Sanjurjo conocida como "la Sanjurjada". El general rebelde no pretendía derribar la República, sino crear un gobierno republicano de signo claramente derechista.
Azaña, enterado de la conspiración, dejó hacer y dio orden a la Guardia de Asalto para que detuviera a los cons¬piradores. Así se hizo, tras un breve tiroteo en Madrid. En Sevilla, Sanjurjo proclamó el estado de guerra y detuvo a las autoridades civiles, pero el pueblo se lanzó a la calle a defen¬der la República. La mayor parte del ejército no le secundó. Sanjurjo fue detenido. El prestigio de Azaña se consolidó; la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña salían adelante en el Parlamento, empujados por estos sucesos; los Grandes de España, que estaban detrás del golpe, fueron expropiados sin indemnización.
Sanjurjo era condenado a muerte, pena que era con¬mutada por la de cadena perpetua y después por el exilio. Cuatro años después será uno de los cabecillas que -jun¬to a Mala y Franco- vuelva a atacar a la República y uno de los responsables de la Guerra Civil.

B. CASAS VIEJAS Y El DESPRESTIGIO DEl GOBIERNO

Hubo durante estos dos años numerosos levanta¬mientos campesinos, generalmente de signo anarquista, en muchos pueblos. El guión a seguir, que solía repetirse, era éste: los elementos extremistas se sublevaban contra las autoridades atacando el Ayuntamiento, la Iglesia y a veces a la Guardia Civil, quemándose, si lo había, el Regis¬tro de la Propiedad. La sublevación solía terminar violen¬tamente con la llegada de las fuerzas de orden público que el gobierno mandaba desplazarse desde la capital de la provincia.
Especialmente grave fue lo acaecido en Casas Viejas (Cádiz). En este lugar, el II de enero de 1933, campesinos anarquistas de la CNT, se apoderaron del pueblo y acaba¬ban con la vida de dos guardias civiles del puesto. El gobier¬no envió refuerzos (Guardia Civil y Guardia de Asalto) para que recuperaran el lugar. Uno de los cabecillas anarquistas se atrincheró en su casa, con sus hijos y nietos. Las fuerzas del orden prendieron fuego a la vivienda y acribillaban a tiros a sus seis ocupantes (un niño incluido); después die¬ron una batida por el pueblo. Se detuvo y ejecutó a doce campesinos más. La opinión pública y el Parlamento se con¬movieron. Los cenetistas y comunistas atacaron ferozmen¬te al gobierno. La derecha, que tanto reclamaba más orden, aprovechó también la ocasión para aumentar sus críticas. El presidente del gobierno, Azaña, cometió el error de afirmar que "En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir". La imagen del gobierno salió empañada. En definitiva, la desproporcionada represión del gobierno a un levantamiento campesino, ocasionó muchas críticas, el desprestigio de Azaña y de la coalición gobernante.

C. El FIN DE LA REPÚBLICA DE IZQUIERDAS

La oposición al gobierno crecía y dentro del mismo se oían voces críticas que pedían cambios radicales hacia la izquierda o más moderados. Los líderes del PSOE, Indalecio Prieto y Largo Caballero, o el Presidente de la República, Alcalá Zamora, descontento con la política anticlerical de Azaña presionaron. Malas cosechas hacían aumentar el paro y las tensiones en el campo.
La derecha se organizaba en torno al abogado Gil Robles creando un partido, la C.E.D.A. (Confederación Española de Derechas Autónomas) que aglutinaba todas las tendencias opuestas al gobierno Azaña y cuyo programa electoral consistía básicamente en desmontar las reformas más importantes del gobierno (especialmente la Reforma Agraria), revisar la Constitución en su artículos laicistas y amnistía para los delitos políticos.

La extrema derecha, al calor del ya consolidado fas¬cismo italiano y del naciente nacional-socialismo alemán, se organizó en torno a la figura de José Antonio Primo de Rivera, creador de la Falange Española.
Los movimientos anarquistas creaban continuos con¬flictos en el campo y en la ciudad. Tras los sucesos de Casas Viejas, el anarquismo protagonizó una campaña de oposi¬ción al Parlamento de la República a la que despreciaba, pidiendo la abstención en las elecciones de noviembre de I 933: "¡Frente a las urnas, la revolución socia/¡", era el lema de la CNT*. Ésta y la FAI* empezaron a segar la hierba bajo los pies de la República, con sus intentos de establecer el comunismo libertario, practicando lo que ellos llamaban la "gimnasia revolucionaria:' Su actitud fue, a la larga junto a otros, uno de los motivos del hundimiento de la Segunda República.
En la izquierda los republicanos y socialistas no lograron presentar un pro¬
grama conjunto, pese a los esfuerzos de Azaña y el socialista Prieto.
Con este panorama no es de extrañar que estas elecciones las perdiese el gobierno. La abstención fue grande en las regiones donde los anarquistas predomi¬naban y muy pequeña donde la derecha tenía más peso. Las derechas se presentaron unidas y las izquierdas no supieron hacer un frente común. Fue importante el voto femenino, preferentemente de signo conservador, especialmente en el norte del país.
La derecha obtuvo 204 escaños en el Parlamento, el centro (incluidos los radi¬cales de Lerroux) 168; la izquierda 94 diputados: de ellos 54 eran socialistas, el par¬tido de Azaña "Acción Republicana" sólo obtuvo 5 y el Partido Comunista.

- REPÚBLICA DE DERECHAS: EL BIENIO
RADICAL-CEDISTA (1934-1936)

A. LOS PARTIDOS POLÍTICOS ENFRENTADOS

Los dos años de gobierno derechista, denominados por la izquierda como "Bienio negro", o "Bienio rectificador" sería, a fin de cuentas, un periodo estéril y plagado de constantes crisis de gobierno, con continuos cambios de ministros.
El movimiento obrero se radicalizó tras el triunfo de la derecha, produciéndose graves enfrentamientos. A la ame¬naza comunista que pronosticaban unos, se oponía la opre¬sión del fascismo que pregonaban otros. El Presidente de la República, como árbitro de la situación, hizo un lla¬mamiento a la conciencia de los líderes y militantes de los partidos para pedir que la lucha por el poder se llevase a cabo por los cauces legales, es decir, en el Parlamento y mediante la discusión civilizada de los problemas. No se le hizo caso y el abismo que separaba las dos Españas, se fue haciendo cada vez más grande.
Tras las elecciones, se vio que las dos figuras más sobresalientes eran Lerroux (líder radical) y Gil Robles (dirigente de la CEDA). El Presidente de la República, Alca¬lá Zamora, encargó formar gobierno, a los radicales (parti¬do de centro) de Lerroux y puso en "cuarentena" a la CEDA, aunque fue el partido más votado, por considerar¬lo demasiado a la derecha. La desconfianza hacia su líder, Gil Robles, se basaba en que en muchos de sus discursos mostraban tendencias no democráticas y totalitarias. Se le acusaba de claras simpatías hacia el fascismo italiano y el nazismo alemán.
Lerroux solo podía gobernar con el apoyo de la CEDA y su líder Gil Robles dejó claro cuales serían sus intencio¬nes:"Hoy, apoyo al gobierno en cuanto rectifique la política de las Cortes Constituyentes". Es decir apoyaría al gobierno mientras éste desmontase lo hecho por el anterior de izquierdas.
Entre otros partidos de derechas importantes destacan el partido Renovación Española, de Calvo Sotelo quien se convertirá en un líder de la derecha; la Comunión Tra¬dicionalista, formadas por monárquicos carlistas y la Falange Española de las jONS*.
La izquierda, tras su derrota, se sintió traicionada y se mostró totalmente insolidaria con el nuevo gobierno, sin tener en cuenta para nada la voluntad popular expresada.
Las dos agrupaciones anarquistas, la CN.T. (más mode¬rada) y la FA!. (más radical) estaban enfrentadas. Por su par¬te ambas eran rivales de la central sindical socialista, la UG.T. a la que consideraban aburguesada y poco combativa.
Dentro del partido socialista existían también dos tendencias rivales: la moderada, colaboradora con la Repú¬blica, cuyo líder era Indalecio Prieto y la radical que ataca¬ba una República a la que consideraba burguesa buscando la revolución social: su dirigente era Largo Caballero.
Las nuevas Cortes iniciaban su labor legislativa. En ellas tendrán gran poder los representantes de la oligarquía económica: terratenientes, industriales y banqueros.

B. LA POLÍTICA CONTRARREFORMISTA

¿Qué nuevas medidas se adoptaron en esta etapa? Una de las cuestiones mas relevantes fue la Ley de Reforma de la Reforma Agraria que se aprobó en 1935.A partir de la nueva ley se dieron más facilidades para desalojar a los arrendatarios que no pagasen a tiempo la renta al propie¬tario y se anuló, de hecho, la posibilidad de que éstos llega¬se a acceder a la propiedad de los terrenos arrendados. Se expulsó a campesinos ya asentados (yunteros de Extrema¬dura); se derogó la Ley de Términos Municipales permitién¬dose la libre contratación de braceros. Se devolvieron a la aristocracia latifundista parte de las tierras expropiadas en 1932 o se les ofreció por ellas una crecida indemnización.
El presupuesto para el Instituto de Reforma Agraria se redujo muchísimo, mareándose unas indemnizaciones tan grandes para las expropiaciones que era imposible lIevar¬las a cabo. El número de campesinos a asentar se redujo a 2.000 al año. Se rebajaron los jornales; los jurados Mixtos también fueron modificados a favor de los patronos agrí¬colas. Se llegó a pronunciar, contra los braceros sindicados o poco sumisos, la frase: "¡Comed República!" La Reforma Agraria se ralentizó de tal manera que la izquierda consideró anticonstitucional la nueva ley; hasta Falange Españo¬la la consideró insuficiente y así lo expresó su líder José Antonio.
El gobierno central entró también en conflicto abierto con la Generalitat de Cataluña, cuyo Parlamente aprobó la Ley de Contratos de Cultivo muy favorable a lo campesinos arrendatarios y que provocó la oposición di los propietarios.

Los sindicatos agrarios convocaron una huelga general en el mes de junio de 1934 que obstaculizara la siega. Afectó a unos 700 pueblos y el gobierno, conside¬rando la recolección de la cosecha de interés nacional, reaccionó con desmesurada energía desmantelando los sindicatos agrarios. Hubo más de 200.000 huelguistas en 37 provincias; más de 7.000 detenidos y 13 muertos entre jornaleros o propieta¬rios. Muchas Casas de Pueblo y periódicos izquierdistas fueron cerrados.
Respecto a las reformas militares se publicó la Ley de Amnistía, por la que se excarcelaba a los militares sublevados con Sanjurjo en 1932. Mas tarde, al ser nom¬brado, en 1935, Gil Robles Ministro de la Guerra y queriendo prevenir un nuevo movimiento revolucionario, se rodeó de generales de prestigio que fueron elevados de categoría: a Franco se le dio la jefatura del Estado Mayor Central, el puesto de mayor categoría en el ejército; al general Mola se le hizo jefe del Ejército de África. Éstos generales, un año después, se sublevaron contra la República. Desde estos puestos de responsabilidad comenzaron, posiblemente ya en 1935, a forjar la cons¬piración contra la República y a tantear a los generales que estarían dispuestos a apoyarles en el futuro levantamiento.
Por el contrario a los militares más comprometidos con la izquierda de la Repú¬blica los trasladó a puestos poco decisivos.

C. LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1934

En octubre de 1934 sufrió la Segunda República la cri¬sis más grave acaecida hasta entonces: el día 5, a las pocas horas de que tres ministros (Agricultura, Trabajo y Justi¬cia) de la CEDA entrasen a formar parte del gobierno presidido por Lerroux, dio comienzo el movimiento revolucionario, capitaneado por lo socialistas, que llama¬ron al país a la huelga general ya la insurrección arma¬da, aunque eran conscientes de que se estaban sublevando contra un gobierno democraticamente elegi¬do. La justificación fue que el dar entrada a la CEDA en el gobierno se ponía a la República en las garras del fas¬cismo.
Prieto, el líder socialista, fue una de las figuras más sig¬nificativas de la insurrección, asi como Largo Caballero. Representaba al sector más a la izquierda. Al movimiento se unió el resto de la izquierda, aunque no lo hizo la direc¬ción de la CNT.
¿Cuáles eran los objetivos? Para los líderes socialis¬tas se habían de conseguir unas medidas concretas: toma del poder por Io.s socialistas, supresión de la Guardia Civil, reorganización del ejército, nacionalización de la tierra y reforma fiscal. Para las juventudes socialistas, comunistas y anarquistas debía significar la toma del poder por la clase obrera y establecer, a semejanza de lo ocurrido en la URSS, la dictadura del proletariado.

El movimiento revolucionario, sin duda el mayor registrado hasta entonces, duró una semana en Madrid, País Vasco, Ferrol, Murcia, Alicante y las cuencas mineras del sur. En Cataluña, el presidente Companys proclamó el "Estado Catalán dentro de la República Federal Española", tratando también de que en Barcelona se instalase un gobierno pro¬visional de izquierdas, contrario al de Madrid. La situación la dominó el gobierno central y tras bombardear el Ayun¬tamiento y la Generalitat en Barcelona, el gobierno catalán se rindió y sus principales líderes fueron encarcelados. El Estatuto de Autonomía catalán fue suspendido temporal¬mente.

En Asturias, el movimiento constituyó una auténtica revolución social a fin de "abolir el régimen burgués", según manifestaron la UGT y la CNT. Unos 20.000 traba¬jadores, mas o menos armados, tras apoderarse de las armas de la fábrica de Trubia, controlaron las principales ciudades. En la región, la Alianza Obrera, que integraban socialistas, comunistas y anarquistas establecieron un "orden revolucionario" que consistía en organizar un siste¬ma de abastecimiento, sanidad, orden público, servicios médicos, etc., tratando de que la vida siguiera su curso normal. Europa contempló perpleja el desarrollo de una revolución que se asemejaba a la acaecida en Rusia años antes, en 1917.
El gobierno, presionado por Gil Robles, reaccionó con dureza y encargó al general Franco reprimir la rebe¬lión. Al ver que las tropas regulares no serían suficientes para acabar con una insurrección, en la que había expertos mineros que empleaban la dinamita con mortal eficacia, se ordenó enviar tropas profesionales del ejército de África. Dos mil legionarios e indígenas regulares desembarcaron en Gijón y tras una atroz carnicería, en combates, calle por calle en Oviedo, lograron recuperar y controlar cada ciu¬dad asturiana.

Las consecuencias de la Revolución de Asturias fue¬ron importantes. La pérdida de vidas humanas fue grande: 1.335 muertos, la mayor parte de ellos revolucionarios así como 284 del ejército y fuerzas de seguridad; los revolu¬cionarios por su parte fusilaron a 33 religiosos y sacerdo¬tes y a 30 guardias civiles. Hubo mas de 3.000 heridos entre los sublevados y 900 entre las fuerzas del gobierno; 30.000 encarcelados, entre ellos los líderes políticos, Aza¬ña, Largo Caballero y Companys. Se dictaron 20 penas de muerte. Prieto, uno de los instigadores, logró exiliarse. Las ejecuciones sin juicio (unas 200), saqueos y torturas, des¬prestigiaron al gobierno ante la opinión pública liberal nacional e internacional.

La derrota obrera envalentonó a la patronal y se pro¬dujo la represión económica: se rebajaron salarios, se aumentaron las horas de trabajo, se despidieron a obreros sindicados y se controlaron estrechamente a los sindicatos obreros, suprimiendo sus publicaciones.
Las posturas la derecha y la izquierda se radicali¬zaron a partir de estos hechos. En diciembre de 1934, Cal¬vo Sotelo fundó el Bloque Nacional respaldado por monárquicos y tradicionalistas. Su programa consistía en la implantación de un Estado autoritario, corporativo y regido por una monarquía tradicional. En 1935, en las filas del ejér¬cito, tomó cuerpo una organización dispuesta a derribar a la República, la UME (Unión Militar Española). La izquierda centró sus esfuerzos en la creación de un Frente Popular.
En resumen, se había ensayado la posibilidad de elimi¬nar y pisotear al contrario: veintiún meses después volve¬rían a repetirse éstos acontecimientos a gran escala en la Guerra Civil.
Así y todo, la grave represión de la Revolución de Octubre de 1934, desestabilizó al gobierno.


- LA CAÍDA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLlCA DE DERECHAS
Y LA FORMACIÓN DEL FRENTE POPULAR

A. El FIN DEl GOBIERNO DE DERECHAS

Tras la revolución, la CEDA salió fortalecida y logró cinco carteras en el gobierno presidido por Lerroux. La opinión pública y el propio gobierno se dividieron sobre la aplicación de penas más severas a los sublevados de la Revolución de Octubre encarcelados, o su amnistía. El Pre¬sidente de la República, Alcalá Zamora abogaba por la flexibilidad; la CEDA y las derechas por la dureza. Poco a poco se demostraría que la República era débil y que esta¬ba siendo dominada por los extremistas de derecha o de izquierda, por los violentos que preferían los enfrenta¬mientos callejeros a la libre discusión de las ideas y opi¬niones. Se estaba generando una atmósfera de ruptura total; la mayor parte de la población española estaba por la moderación, pero fueron arrastrados por las minorías extremistas.

Se aceleraron las medidas contrarreformistas en agri¬cultura, se frenaron las aspiraciones nacionalistas de cata¬lanes, vascos y gallego. También se redujeron los presupuestos para gastos de bienestar social y educación.
Un escándalo, llamado del "estraperlo" (concesión de licencias con soborno, a un fabricante holandés, para introducir en casinos españoles el juego ilegal de la ruleta) en el que se vieron implicados varios miembros del ejecu¬tivo, obligó al presidente del gobierno, Lerroux, a dimitir. Gil Robles, el líder de la CEDA, pidió al Presidente de la República, que lo nombrase presidente de un nuevo gobierno. Alcalá Zamora temiendo que la llegada de Gil Robles al poder significase la aparición de una dictadura de derechas, se negó. Ante la negativa, Gil Robles pensó en la posibilidad de dar un golpe de estado con apoyo militar y consultó a varios generales como Fanjul, Goded, Varela y Franco. Este último le señaló que no era un buen momen¬to. El Presidente de la República disolvió las Cortes y con¬vocó nuevas elecciones.

B. LA UNIÓN DE LAS IZQUIERDAS
Y LA FORMACIÓN DEl FRENTE POPULAR

Azaña fue el artífice de la unión de la izquierda para lograr el triunfo en las nuevas elecciones. "La condición fun¬damental, hoy por hoy, es la unión electoral de las izquierdas".

Este sería el lema que Azaña durante 1935 repitió en múltiples mítines, una y otra vez. Por su parte, Indalecio Prieto, el líder socialista en el exilio, trató de hacer lo mis¬mo en lo que llamó un Frente Popular, con un programa que pedía: amnistía general para los presos de la Revolu¬ción de Octubre y readmisión de los despedidos por cau¬sas políticas o sindicales, puesta en marcha de nuevo de la Reforma Agraria y del Estatuto Catalán, vuelta a los Jura¬dos Mixtos y aumento del presupuesto de educación. Es decir, la ley del péndulo, que era volver a poner en marcha lo deshecho por la derecha.
El pacto del Frente Popular se firmaría el 15 de enero de 1936. En él iban a participar los partidos más importantes y sindicatos de izquierda: Izquierda Republica¬na, PSOE, UGT, Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Esquerra Republicana de Cataluña, POUM*, ORGA (autonomistas gallegos), etc. Las centrales anarquistas CNT- FAI decidieron no hacer campaña a favor de la abs¬tención y alguno de sus líderes recomendó votar.

La campaña electoral fue muy violenta no sólo por los enfrentamientos calle¬jeros sino también por los argumentos que se emplearon. La propaganda del Fren¬te Popular señalaba:"el fascismo vaticanista ofreció trabajo y ha dado hambre; ofreció paz y ha dado cinco mil tumbas; ofreció orden y ha llenado el patíbulo. El Frente Popular no ofrece más de lo que ha de dar ni menos de lo que dará: Paz, Pan y Libertad".
El líder socialista, Largo Caballero, llegó a afirmar que en caso de ganar la dere¬cha las elecciones "procedería a declarar la guerra civil".

Por su parte, la Iglesia española recomendó a los católicos que votasen en contra del Frente Popular. La Falange dijo que se opondrían violentamente si había un resultado electoral "peligrosamente contrario al destino eterno de España". El líder derechista Calvo Sotelo, manifestaba la obligación de todo buen patriota de votar¬le, pues en caso contrario la bandera roja ondearía sobre el país: "esa bandera roja que simboliza la destrucción del pasado y de los ideales de España".
A las elecciones acudieron unidas, teóricamente, las izquierdas (Frente Popular) y con una unión más frágil las derechas (Bloque Nacional). España se había polariza¬do en dos bandos rivales e irreconciliables.

EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR

A. EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR

Las elecciones del 16 de febrero de 1936 se desarro¬llaron, en calma y democráticamente. La no abstención de los anarquistas hizo que votase el 72 % del censo electoral. Los resultados totales hacen ver que el centro había desa¬parecido de la escena política. Había dos fuerzas rivales, la izquierda y la derecha: Frente Popular: 4.654.116 votos (34'3 %). Derechas: 4.503.524 votos (33'2 %). Centro y PNV: 526.615 votos (5'4 %).
La diferencia entre las derechas y las izquierdas no era mucha: 150.000 votos pero, al favorecer la ley electoral a las mayorías, a la hora de componerse el Parlamento los escaños se repartieron así: Frente Popular 278, derechas 124, centro 5 l.
El voto de la derecha se concentró en la España rural interior del norte; las izquierdas triunfaron en las grandes ciudades, zonas mineras y de latifundio así como en las regiones que aspiraban a la autonomía.
El nuevo Parlamento de la República destituyó al Presi¬dente, Alealá Zamora por considerarlo demasiado mode¬rado y en su lugar fue nombrado Manuel Azaña. La eliminación de Alcalá Zamora fue un grave error político pues éste podría haber servido de puente neutral que sal¬vase el abismo y comunicase a las dos Españas que estaban enfrentadas.

B. LA AGITACIÓN POLÍTICO-SOCIAL. VIOLENCIA Y REFORMAS

De febrero a julio del 36, España se vio convulsionada por una escalada espectacular de desórdenes de todo tipo: atentados, saqueos, atracos, asesinatos, apalea¬mientos, insultos, incendios de sedes sindicales, periódicos rivales y edificios religiosos, huelgas salvajes, etc., que el gobierno se vio incapaz de atajar ante las constantes críti¬cas de la derecha.
Se abrieron las cárceles y de ellas salieron no sólo los presos políticos de 1934 (unos 30.000), sino también muchos delincuentes comunes.

En nuevo gobierno propició el desarrollo de un nuevo estado de las autonomías y, con la puesta en libertad de Companys, volvió a tener vigencia el Estatut de Catalu¬ña. En el País Vasco y Galicia se consolidaban las Tesis auto¬nomistas y tomaban más fuerza en otras regiones que empezaron a preparar sus estatutos de autonomía: Valen¬cia, Andalucía, Castilla, Aragón y Asturias.
Se volvió a acelerar el proceso de la Reforma Agraria y el IRA fue autorizado a ocupar las fincas que considerase de utilidad social. La ilusión de que fuera cier¬ta la fórmula de "la tierra para quien la trabaja", volvía a abrirse paso entre las masas campesinas. El escenario había cambiado; ahora eran los trabajadores del campo y sus sin¬dicatos la fuerza dominante, ante el temor de empresarios y terratenientes. La situación en el campo se deterioraba rápidamente con un incremento de la conflictividad: robos de cosechas y animales, tala de árboles; violencia de los propietarios que disparaban para defender sus cosechas. El paro agrario aumentó: en junio de 1936, de los 800.000 trabajadores que se registraron en el paro, 500.000 eran jornaleros del campo. A todo esto hay que añadir las malas cosechas motivadas por lluvias torrenciales.
Entre mayo y julio de 1936 se asentaron más campesi¬nos que en los cinco años anteriores de la República. Los choques entre campesinos que ocupaban tierras y la fuer¬za pública a la que el gobierno muchas veces no controla¬ba y estaba dirigida por los terratenientes y caciques, ocasionó desastres como el de Yeste (Albacete) donde, al ser detenidos unos campesinos por talar árboles en una finca particular, hubo un choque entre la Guardia Civil y los campesinos con el balance de 17 campesinos y I guar¬dia civil muertos así como una treintena de heridos.

La inquietud social crecía en las ciudades alimentada por el sector revolucionario del PSOE y la UGT (Largo Caballero) y por la CNT que despreciaba, ahora también, al gobierno "burgués" del Frente Popular y pretendía una revolución que crease una sociedad sin clases, estructura¬da en comunas libertarías. Las peticiones obreras eran las habituales: mayor salario y menos horas de trabajo. Se exi¬gió la readmisión, con indemnización, de los despedidos por motivos políticos o sindicales. La hostilidad de los patronos se desató cerrando fábricas, talleres y minas.
En la calle las milicias de la Falange, engrosadas por jóvenes decepcionados de la CEDA, chocaban diariamente con milicias sindicales de izquierda que se habían reforza¬do, tras establecerse la alianza de las Juventudes socialistas y las Comunistas en las Juventudes Socialistas Unificadas USU), dirigidas por Santiago Carrillo y con las de la CNT¬FAI que también habían crecido espectacularmente.
En todas partes se oía la palabra revolución, a las que unos aspiraban y a la que otros se oponían. El resultado será la destrucción del régimen republicano.

- LAS CONSPIRACIONES CONTRA
El FRENTE POPULAR Y EL INICIO DE lA GUERRA CIVIL.

A. LA CONSPIRACIÓN CIVIL Y RELIGIOSA DE LAS DERECHAS

Entre las organizaciones de derechas destacaban dos: los carlistas (requetés) y la Falange, formadas por jóvenes radica¬les, uniformados que se organizaban militarmente, se armaban y se entrenaban previendo la inminencia del levantamiento.
En Navarra, los carlistas, partidarios de los derechos al trono de España del pretendiente carlista Alfonso Car¬los de Borbón, organizaron y prepararon a su milicia arma¬da, el requeté.
La Falange, que sólo había conseguido, en toda Espa¬ña 45.000 votos, había crecido espectacularmente después de las elecciones de febrero; a ella se sumaban jóvenes vio¬lentos desengañados de la CEDA y las llamadas "personas de orden" o clases medias que temían la revolución que defendían las izquierdas. Su líder, José Antonio, fue deteni¬do y encarcelado. Su periódico Arriba se clausuró al ser halladas armas en uno de los locales del partido.
Calvo Sotelo, se erigió junto a Gil Robles como el portavoz de la derecha en el Parlamento, donde protagoni¬zaba violentos enfrentamientos verbales con las izquierdas.
La Iglesia estaba atemorizada por el creciente anticle¬ricalismo que dio lugar a la quema de numerosos edificios religiosos y rechazaba medidas adoptadas por el gobierno como el cierre de los colegios religiosos, el aumento de maestros en la enseñanza pública así como la enseñanza de niños y niñas juntos, en las aulas. Salvo en el País Vasco, apoyaría a la sublevación militar y la legitimaría dándole el carácter de "cruzada contra el comunismo ateo".

B. LA CONSPIRACIÓN MILITAR

La idea de la intervención del ejército, mediante un gol¬pe de Estado, en la vida política, mal endémico de la Espa¬ña contemporánea, estaba latente desde los comienzos de la Segunda República. Ahora tomó especial fuerza de la mano de un grupo de generales (Sanjurjo, Mola, Goded, Varela, Franco) que no tenían una ideología clara y pro¬yectaban restablecer el orden social tradicional, contando con la colaboración de las organizaciones civiles de extre¬ma derecha, que estarían subordinadas a su mando.

El gobierno de la República, enterado de la conspira¬ción, tomó la ineficaz medida de alejar de la Península a los principales conspiradores: a Franco se le envió a Canarias y a Goded a Baleares. Mantuvo en su puesto a Mola en Navarra, que tomó las riendas de la sublevación.
El 8 de marzo de 1936, en una reunión mantenida en Madrid, los generales Mala, Varela y Franco junto a otros mandos, acordaban derribar, mediante un pronunciamiento, al gobierno frentepopulista. El alzamiento militar no sería ni por la República, ni por la monarquía, sino por España y para restablecer el orden. Más tarde se instauraría el régi¬men que más conviniese a la nación.

Se establecieron unos claros objetivos: suspender la Constitución de la República, disolver las Cortes, detener, encarcelar y, en su caso, fusilar a políticos y sindicalistas de izquierdas considerados peligrosos. Se establecería un Directorio militar republicano, presidido por el exiliado general Sanjurjo, con cinco generales más. Uno de ellos sería Franco. Los monárquicos y la CEDA aspiraban a que se restaurase la monarquía de Alfonso XIII. Los carlistas querían la subida al trono de su candidato.


El general Mola planeó que, el día señalado, se sublevasen los comandantes militares de todas las provincias y que él con sus tropas y el apoyo de las milicias requetés, se dirigiría a conquistar Madrid desde el norte, mientras que Franco, con el ejército de África, lo haría desde el sur. Algo falló.
Si hasta entonces, en la Historia reciente de España, los pronunciamientos mili¬tares se habían resuelto en pocos días con la victoria o derrota de los sublevados y con poco derramamiento de sangre, ahora será diferente: muchos mandos militares no se sumaron a la rebelión y las masas populares se lanzaron a las armas para defender los logros de la República.

Había comenzado una Guerra Civil de tres años que costaría miles de muertos, desencadenaría una brutal represión de los vencedores y cuarenta años de dictadura franquista.