LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

1. La conspiración

Tras la victoria del Frente Popular en las eleccio¬nes de febrero de 1936 las condiciones de vida en Es¬paña se habían hecho tan difíciles que había grupos de derecha y también de izquierda que estaban dis¬puestos a acabar con las instituciones republicanas mediante un acto de violencia. Fueron los primeros quienes lo intentaron pero la revolución posterior tes¬timonia que también parte de la izquierda estaba dis¬puesta a abandonar la legalidad.
La conspiración contra la República por parte de la derecha fue plural y desorganizada. A las extremas derechas monárquicas, que habían conseguido el apoyo de Benito Mussolini, se sumaron algunos sec¬tores militares, incluso republicanos, qué asumieron la dirección principal del alzamiento por encima de estas fuerzas políticas. El más importante de los orga¬nizadores de la conspiración fue el general Emilio Mora en Pamplona, que, según alguno de sus biógra¬fos, tenía una «limitadísima» simpatía por la Monar¬quía. Estaban con él el general Manuel Goded, que había conspirado contra la Dictadura, el general Gonzalo Queipo de LIano, inveterado conspirador durante esa misma época, y el general Guillermo Cabanellas, que sorprendió con su alineamiento con los sublevados. La participación de Franco en el al¬zamiento no estuvo muy clara hasta el final.
También colaboraron en la preparación de la su¬blevación algunos de los diputados de la CEDA, co¬mo Ramón Serrano Súñer o el conde de Mayalde. El principal dirigente de esta agrupación, José María Gil Robles, no fue consultado por los dirigentes de la sublevación, aunque prestó apoyo económico a ésta con los fondos electorales de su partido.
Ni por un momento se pensaba en la posibilidad de una guerra civil; se preveía una actuación muy violenta y decidida para conseguir rápidamente el triunfo en Madrid;' capital del Estado y centro de las decisiones' políticas, y el establecimiento de un régi¬men dictatorial que, en principio, no debía ser perma¬nente ni conducir de forma necesaria a la Monarquía.
Ante la conspiración militar cabe preguntarse cuál fue la reacción del gobierno. Es sencillanientf1 impo¬sible que ignorara que se estaba preparando un golpe de Estado, cuando incluso la prensa hablaba de dio y España entera era un rumor permanente al respecto. La realidad es que el gobierno sí tomó disposiciones para evitar el estallido de una sublevación contra el gobierno del Frente Popular:
. Los mandos militares superiores se habían con¬fiado a personas de las que no cabía esperar una conspiración en contra de la República.
. En África, cuyo ejército proporcionó a los su¬blevados una de las bazas más importantes para su triunfo, los altos mandos militares también eran fieles al régimen.
¬. Diversos militares sospechosos habían sido trasladados a puestos desde los que su actuación sería mucho menos peligrosa: Goded a Baleares y Franco a Canarias, por ejemplo. Otros genera¬les, como Varela y García Escámez, fueron san¬cionados. Se sospechaba de Mola, pero se con¬fiaba en que no llegara a ponerse de acuerdo con los carlistas en Pamplona.
. Las fuerzas de orden público en las grandes ciu¬dades fueron puestas al mando de autoridades adictas.
El error del gobierno fue, quizá, no prever la mag¬nitud de la sublevación y manifestar incapacidad para controlar a sus propias masas, no atreviéndose a rom¬per con la extrema izquierda. Su táctica consistió en esperar un estallido de un intento militar, como el de agosto de 1932, que se hundiría por su propia debili¬dad y por las medidas adoptadas por el gobierno, en cuyo caso éste se reforzaría ante la opinión pública, podría restablecer el orden y le sería más fácil cum¬plir su programa. Los dirigentes políticos, Azaña y Casares Quiroga, erraron en la valoración de sus propias fuerzas: cuando se produjo la sublevación, algunos grupos políticos iniciaron una revolución social que redujo el poder del gobierno a la nada.
Desde luego, como en el caso de los conspiradores, tampoco el gobierno se planteó ni remotamente la posibilidad de una guerra civil.

2. El alzamiento y su propagación

El pronunciamiento se inició en Marruecos el día 17 de julio, adelantándose a la fecha prevista. Dos días más tarde asumió el mando el general Franco, que se había sublevado sin dificultades en Canarias y se había trasladado a Marruecos en un avión inglés alquilado por conspiradores monárquicos. A partir del 18 de julio el alzamiento se extendió a la penínsu¬la, dependiendo su resultado en los distintos puntos de factores muy variados: la preparación de la conju¬ra, el ambiente político de la región, la unidad o divi¬sión de los militares y las fuerzas de orden público, el grado de decisión de las autoridades, la proximidad de una gran capital que influyera en la posición de la región del entorno, etc.
En Navarra, donde Mala desempeñó el papel de¬cisivo, y en Castilla, regiones católicas y conserva¬doras por excelencia, los sublevados lograron la vic¬toria fácilmente. En Aragón la sublevación venció en las capitales de provincia merced a la postura del ge¬neral Cabanellas, antiguo diputado radical, alineado ahora con los sublevados. Algo parecido sucedió en Oviedo capital, pero el resto de Asturias estuvo do¬minado abrumadoramente por la izquierda. En Gali¬da triunfó la sublevación, dado el carácter conserva¬dor de la región, pese a la fuerte resistencia de las organizaciones obreras en algunas capitales.
La situación de Andalucía era opuesta, pues el ambiente era marcadamente izquierdista en esta re¬gión. La victoria del general Queipo de Llano en Sevilla fue una sorpresa, pero su situación fue muy precaria al principio. Lo mismo sucedió en otras ca¬pitales como Cádiz, Granada o Córdoba, ya que los barrios obreros ofrecieron una resistencia que no desapareció hasta que llegó el apoyo del ejército de África. La situación fue muy similar en Extremadu¬fa, aunque la ciudad de Cáceres se sublevó.
En Castilla la Nueva y Cataluña la suerte de la sublevación dependió de lo que pudiera suceder en las dos grandes capitales, Madrid y Barcelona: en ambas el ambiente político era izquierdista. En Madrid la conspiración estuvo muy mal organizada y los suble¬vados quedaron encerrados en sus cuarteles sin deci¬dirse a salir a la calle, con lo que acabaron bloqueados por las fuerzas fieles al gobierno y las milicias popula¬res. En Barcelona salieron de ellos, pero las fuerzas de orden público les cerraron el paso. En la victoria del Frente Popular en las dos grandes capitales del país fue decisivo el hecho de que la sublevación no fuera secundada unánimemente por toda la guarnición, pe¬ro también fue crucial la actitud de las masas proleta¬rias, que en Madrid sitiaron el cuartel de la Montaña y en Barcelona hostilizaron a los grupos de soldados, empleando contra ellos armas que presumiblemente habían reunido los anarquistas para luchar contra el gobierno.
En otras regiones hubo titubeos hasta el final. En el norte, el País Vasco se escindió ante la rebelión: Álava estuvo a favor de ella y Vizcaya y Guipúzcoa en contra, gracias a la postura de los nacionalistas vascos ante la promesa gubernamental de la inminen¬te concesión del estatuto autonómico y debido tam¬bién a su evolución hacia una actitud demócrata cris¬tiana. En las Baleares se sublevaron Mallorca e Ibiza, pero no Menorca. En Valencia los sublevados dudaron mucho para, al final, ser derrotados. En oca¬siones, núcleos de resistencia sublevados -Alcázar de Toledo, Nuestra Señora de la Cabeza en Jaén- man¬tuvieron la resistencia frente a los republicanos.

3. Las consecuencias inmediatas
España dividida
El balance de aquellos tres días de julio fue que España quedó dividida en dos, entre una serie de re¬giones y provincias que se habían pronunciado contra el gobierno y otras que le eran fieles. Desde luego la razón principal del estallido de la guerra civil fue que el pronunciamiento imaginado por Mola había fraca¬sado, y esto fue así porque el ejército no adoptó una actitud unánime: casi la mitad de la oficialidad exis¬tente quedó en el lado de los gubernamentales, aun¬que de ella sólo una pequeña proporción actuara en el campo de batalla a su favor. Originariamente, a la República no le faltaron recursos militares, aunque los generales desempeñaron un papel más importante en el bando sublevado y la oficialidad joven militara con ellos en su inmensa mayoría.
En realidad, las fuerzas de uno y otro bando esta¬ban bastante equilibradas. Si los sublevados conta¬ban con el ejército de África, la porción más valiosa y técnicamente mejor preparada, la ventaja del gobier¬no era clara en la flota -en la que, sin embargo, la ofi¬cialidad era muy conservadora y fue eliminada, lo que hizo difícil el correcto empleo de los buques- y en aviación. Además, el Frente Popular disponía de las capitales más importantes, la industria y las reservas de oro del Banco de España.
Los acontecimientos se precipitaron en los días que siguieron a la sublevación. El gobierno de Casa¬res Quiroga trató de mantener la legalidad con sus solas fuerzas y sin repartir armas a las masas. Tras su dimisión, Azaña intentó formar un gobierno bajo la presidencia de MartÍnez Barrio, que era el político situado más al centro y que trató de evitar la guerra civil (algunas guarniciones todavía titubeaban entre un bando y otro). Sin embargo, ni el general Mola ni Largo Caballero aceptaron esta solución porque con¬sideraban irremediable e incluso deseable la guerra. El 19 de julio se formó un nuevo gobierno, presidido por Giral, que procedió al reparto de armas.

.El proceso revolucionario
Sin duda, un factor decisivo en el desarrollo de la guerra fue el proceso revolucionario que estalló en la zona que controlaba el Frente Popular y que se auto¬denominaba republicana. Fue ella la que despertó un interés apasionado por parte de muchos de los extran¬jeros que en este momento visitaron España. Aunque los partidarios de Franco acusaron a las izquierdas de tener preparada una revolución, en realidad ésta fue la respuesta a la sublevación. Consistió, en primer lugar, en la pulverización del poder político hasta el extremo que resultaba muy difícil, por no decir impo¬sible, descubrir a quién le correspondía tomar de¬cisiones e, incluso, convivieron tres organismos públicos de decisión superpuestos en algunas pro¬vincias como, por ejemplo, Guipúzcoa. En cada re¬gión se constituyeron juntas que, a modo de canto¬nes y con una significación política contradictoria, se repartían el poder y lo administraban sin tener en cuenta para nada el resto del país.
La revolución también tuvo consecuencias de ca¬rácter militar al no existir un mando unificado ca¬paz de planificar la acción bélica. Las milicias po¬pulares, que pretendieron sustituir a las unidades militares, resultaron ineficaces e indisciplinadas. Un tercer aspecto del proceso revolucionario fue el eco¬nómico-social. Los anarquistas, pero también los co¬munistas y socialistas en no pocas regiones, pusieron en marcha una colectivización de la propiedad que fue muy mayoritaria en el campo andaluz y en la in¬dustria catalana. Se trató del proceso revolucionario más importante producido en Europa desde la revolu¬ción rusa en 1917 y se ha podido calcular que casi la mitad de la tierra útil fue expropiada, aunque hubo re¬giones enteras (Cataluña y Levante, por ejemplo) en donde el porcentaje fue mínimo. Algo parecido suce¬dió en la ciudad: en Barcelona se expropiaron tres cuartas partes de las industrias pero sólo un tercio en Madrid. El índice de producción catalana, en parte como resultado de ello, se redujo a un tercio y no hay duda de que en lo relativo a la industria de armamen¬to la colectivización fue un grave inconveniente. Co¬mo es natural, este proceso revolucionario impidió la unidad necesaria durante el periodo bélico y causó muchas dificultades a los combatientes republicanos.

¬1. Fases de la guerra
La guerra de columnas
Entre julio y noviembre de 1936 los límites de ca¬da una de las dos zonas en que quedó dividida Espa¬ña no fueron precisos. La lucha adoptó la forma de enfrentamiento entre agrupaciones de fuerzas de uno y otro bando, en el que uno trataba de ampliar el área que controlaba, mientras que el otro se situaba a la defensiva. El combate entre columnas atacante s y de¬fensoras supuso la inexistencia de un frente estable y fue bien expresivo tanto de la primitiva carencia de fuerzas como de la descentralización de las decisio¬nes y de la irresolución misma de los combates.
En este periodo la superioridad de los sublevados fue manifiesta: ello explica la rapidez con que Fran¬co, después de pasar el estrecho de Gibraltar, alivió la angustiosa situación de las capitales andaluzas. Pe¬ro las tropas del ejército de África fueron empleadas sobre todo para forzar el camino a Madrid, en cuyos arrabales se detuvieron, porque era mucho más fácil para ellas obtener la superioridad en campo abierto que en las calles de una ciudad. También las tropas nacionalistas, con la toma de Irún, aislaron la zona norte de sus adversarios de la zona francesa.
En cambio los éxitos del Frente Popular fueron menores. Su avance desde Cataluña hacia las capita¬les aragonesas quedó detenido pronto y la expedición dirigida desde Barcelona a las Baleares fracasó, por lo que a partir de entonces estas islas fueron una base importante para el bloqueo de la costa mediterránea y, más adelante, para el bombardeo de Barcelona por las tropas franquistas.
. La batalla en torno a Madrid (de noviembre de 1936 a marzo de 1937)
A finales de noviembre de 1936 se produjo un im¬portante cambio en la guerra, no sólo por la cada vez mayor ayuda extranjera, sino por el proceso creciente de militarización de la población; en Madrid se crea¬ron las milicias populares por los generales Miaja y Rojo, que se encargaron de la defensa de la ciudad mientras que el gobierno republicano partía hacia Valencia.
Franco detuvo sus fuerzas ante la capital y, puesto que era imposible el éxito mediante un ataque fron¬tal, trató de apoderarse de las comunicaciones, con lo cual Madrid acabaría cayendo inevitablemente. En consecuencia intentó tomada por el procedimiento de flanqueo, ordenando atacar en dirección a la carrete¬ra de La Coruña, hacia el Jarama y por Guadala¬jara. Estas tres ofensivas dieron lugar a otras tantas batallas que testimonian el endurecimiento alcanzado por la guerra, pero, a pesar de su superioridad cualita¬tiva y la ayuda de las tropas italianas, Franco no lo¬gró derrotar a sus adversarios sino que, por vez pri¬mera, las tropas del Frente Popular detuvieron al enemigo atacante. En los tres casos las tropas de Franco habían avanzado sobre sus posiciones ante¬riores, pero no habían conseguido sus objetivos. Se¬guían manteniendo la iniciativa, pero los republica¬nos habían sido capaces de enfrentárseles, en batalla defensiva, dejando la solución en tablas.
Visto que la guerra no podía ganarse en el centro, Franco, aconsejado por el general Vigón, decidió concentrar sus fuerzas en el frente Norte para derro¬tar al adversario allí donde era más débil.

La caída del frente Norte. Guernica (de marzo a octubre de 1937)
La decisión de Franco suponía que la guerra ha¬bría de ser de modo inevitable más larga y, en efecto, 1937 fue el año crucial de la contienda. La concentra¬ción en Vizcaya de lo mejor de las tropas franquistas significó la pérdida de esta provincia. La lucha ad¬quirió tintes de ferocidad superiores a lo habitual has¬ta entonces. La aviación alemana realizó bombardeos sobre poblaciones que no eran objetivos militares in¬mediatos, como Durango y Guernica, utilizando tác¬ticas que luego se emplearían durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que la artillería se concen¬traba contra las fortificaciones adversarias.
En cambio, la toma de Santander resultó un «pa¬seo militar» por la ayuda de las tropas italianas y la escasa organización de la resistencia. Por el contra¬rio, la toma de Asturias, por la tradición izquierdista de la región y lo áspero del terreno, dio lugar a una defensa encarnizada: cuando acabó su conquista que¬daron grupos guerrilleros que tuvieron actividad mi¬litar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.
Durante el verano de 1937 las tropas del Frente Popular lanzaron tres ofensivas para distraer a las tropas de Franco en Segovia y La Granja (junio), Brunete (julio) y Belchite (agosto), pero fracasaron por no estar coordinadas y porque el ejército republi¬cano parecía más capacitado para la defensa a ultran¬za que para sacar provecho de una gran ofensiva. Si Brunete y Belchite se hubieran producido a la vez ha¬brían logrado detener la caída del frente Norte.

Teruel y la marcha hacia el Mediterráneo (de fin de 1937 a junio de 1938)
Después de tomar Asturias Franco había pensado iniciar una maniobra sobre Madrid desde Guadalaja¬ra, pero el ejército popular, para evitar el ataque a Madrid, decidió llevar a cabo una ofensiva de diver¬sión en Teruel. Fue ésta la primera ocasión en que las tropas frentepopulistas tomaron la iniciativa de ma¬nera decidida y lo hicieron al principio con éxito: la bolsa de Teruel se cerró con sólo 300 bajas y por pri¬mera y única vez una capital de provincia fue con¬quistada por el ejército popular.
Inmediatamente Franco se lanzó a una contraofen¬siva de desgaste que transcurrió en unas durísimas condiciones c1imáticas, librando una decisiva batalla en la que su superioridad material en artillería y avia¬ción ya era manifiesta.
Las tropas del general Franco consiguieron recu¬perar Teruel, produciéndose un amplio derrumba¬miento del frente que les permitió llegar hasta el Me¬diterráneo. En menos de dos semanas las tropas franquistas avanzaron 120 km Y llegaron a Vinaroz para proseguir el avance hacia Valencia pero, ante la dura resistencia defensiva, se quedaron atascadas en el Maestrazgo.
En el mar la flota republicana, que hasta el mo¬mento se había mostrado ineficaz por la carencia de oficialidad, consiguió una sonada victoria al hundir el crucero Baleares.

La batalla del Ebro y Cataluña (de julio de 1938 a febrero de 1939)
Estabilizado el frente, de nuevo el ejército popular tomó la iniciativa cruzando el Ebro frente a Gandesa. El general Franco, al advertir que se enfrentaba a lo mejor del ejército popular, en vez de limitarse a dete¬ner al enemigo prefirió una batalla frontal, sangrienta, larga y poco imaginativa, con una gran concentración de fuego artillero como jamás se había utilizado hasta el momento. Tras tres meses y medio de lucha y siete ofensivas sucesivas, el ejército popular hubo de retro¬ceder a sus posiciones de origen.
La batalla del Ebro acabó por decidir la guerra. El general Franco, en su avance, ocupó Cataluña en fe¬brero de 1939 sin encontrar resistencia: según se dijo, Barcelona fue tomada con sólo una baja por parte de los atacantes. Para muchos republicanos la caída de Cataluña significaba el final definitivo de la guerra. El propio presidente de la República, Manuel Azaña, ya exiliado en Francia, presentó su dimisión en ese momento. Algo más de medio millón de personas cruzaron la frontera francesa hacia el exilio. Buena parte de ellas jamás regresaría.

El final de la guerra

Tras la dimisión de Manuel Azaña, la falta de una cabeza visible del régimen era bien significativa del ambiente de derrota existente. También lo era la cre¬ciente impopularidad del gobierno de Juan Negrín y de sus principales colaboradores, los comunistas, por razones que se explicarán más adelante. Los mandos militares coincidían en dar por perdida la guerra: en febrero de 1939 Menorca se rindió sin lucha y Ne¬grín, reunido con ellos en ese mismo mes, descubrió que gran parte de éstos querían entablar negociacio¬nes con el bando franquista. Pero Juan Negrín pensa¬ba que había que ofrecer un aspecto exterior de resis¬tencia para obtener unas mejores condiciones de paz o para enlazar con una eventual guerra mundial; por eso no aceptó negociación alguna que, por otra parte, tampoco hubiera sido aceptada por Franco.
A fines del mes de febrero y comienzos de marzo se precipitó la crisis del Frente Popular con el reco¬nocimiento del general Franco por parte de Francia y Gran Bretaña. En la segunda quincena de marzo el
coronel Casado y el político socialista Julián Besteiro iniciaron las conversaciones para intentar negociar el final de la guerra con Franco. Quería!) que se dieran facilidades para la evacuación y que no hubiera re¬presalias indiscriminadas. Pero el general Franco exi¬gió la rendición sin condiciones y el 1 de abril pudo anunciar la completa victoria de sus tropas.


2. La guerra como acontecimiento internacional

En sus orígenes la guerra civil española había sido puramente un conflicto interno, pero poco a poco Es¬paña se convirtió en el «centro de las pasiones y decepciones del mundo». En ella, en efecto, se en¬frentaban con las armas en la mano el fascismo, la de¬mocracia y el comunismo, tras otros combates ante¬riores en toda Europa, aunque sin tanta violencia. Ya en el mes de noviembre de 1936 la guerra española fue un motivo de inestabilidad internacional porque alineó a los diversos países aliados de un bando u otro. El gobierno de la República tuvo el apoyo de Francia, la Rusia soviética y las Brigadas Internacionales; estas últimas, organizadas directamente por Rusia -aunque no todos sus componentes eran comunistas sino de muy diversas procedencias- estaban unidas por un marcado sentimiento antifascista. El bando ca¬pitaneado por el general Franco contó con apoyos más decididos: la Italia de Benito Mussolini y la Alemania de Adolf Hitler; los países católicos tendieron a apo¬yar a Franco como consecuencia de la persecución re¬ligiosa en la zona del Frente Popular.
Sin duda la ayuda extranjera a cada uno de los dos bandos fue muy importante y aun decisiva para el de¬sarrollo de la guerra, porque ambos carecieron de re¬cursos iniciales para lograr la victoria. En Londres se creó un Comité de no intervención que, en teoría, propició la marginación de los países europeos del conflicto, pero sus recomendaciones sólo fueron se¬guidas por Gran Bretaña. En los Estados Unidos el presidente Roosevelt mantuvo la neutralidad a través del «embargo moral» y luego efectivo del material de guerra. Sin embargo la compañía TEXACO pro¬porcionó al general Franco las tres cuartas partes de su petróleo. En el resto del continente americano, México apoyó con entusiasmo al Frente Popular; en cambio, otros gobiernos sudamericanos apoyaron a Franco, aunque no fuera más que diplomáticamente.

Apoyos al Frente Popular
Los mayores inconvenientes de la ayuda recibida por los republicanos eran su dependencia del gobier¬no existente en Francia (si éste era más izquierdista colaboraba más con la República) y, sobre todo, la exigencia del pago de la ayuda de manera inmediata y poco generosa. La ayuda francesa a los frentepopulis¬tas españoles fue muy intermitente y, en consecuen¬cia, el gobierno republicano debió recurrir a otras fuentes de aprovisionamiento, fundamentalmente ma¬terial de guerra soviético. Los rusos enviaron mate¬rial, pero apenas hombres, y exigieron una contrapar¬tida económica inmediata. La URSS, en efecto, no se conformó con una promesa de pago, tal como hicie¬ron Alemania e Italia. El gobierno de Francisco Largo Caballero, en cambio, hubo de autorizar el traslado a Rusia de una parte del oro depositado en el Banco de España y las compras de material se hicieron contra ese depósito. Sin duda Rusia cobró su colaboración a unos precios cercanos a los reales.

Apoyos a las tropas franquistas
Por el contrario, la ayuda recibida por el general Franco fue pagada mucho más tarde. Para los fran¬quistas la ayuda más importante fue la de la Italia fas¬cista, que envió material y unos 73.000 hombres que formaban unidades militares voluntarias. El carác¬ter de la ayuda alemana fue distinto y su montante global supuso entre la mitad y las tres cuartas partes de la cifra italiana. En cambio, restringió de forma voluntaria la aportación humana: la Legión Cóndor constó de un centenar de aviones y unos 5.000 hom¬bres que se relevaban periódicamente. También lle¬garon instructores para adiestrar a las tropas fran¬quistas. Como contrapartida, y a diferencia de los italianos, a los que interesó sobre todo el aspecto po¬lítico de su colaboración con Franco, los alemanes crearon compañías industriales cuya misión funda¬mental fue entrar en el capital de sociedades mineras españolas. Además, el general Franco también contó con la ayuda de voluntarios portugueses e irlandeses y de unos 70.000 combatientes marroquíes, muy te¬midos por el adversario.
Difícilmente se exagerará la importancia de la ayuda exterior para cada uno de los beligerantes. En ocasiones esta ayuda constituye la mejor explicación de determinados acontecimientos de la guerra como, por ejemplo, el paso del Estrecho o la batalla del Ebro. En cuanto a su volumen, es posible que fuera muy semejante en cada bando: el número de aviones recibidos fue casi el mismo, y el valor del oro entre¬gado a Rusia viene a coincidir con el monto de la ayuda italoalemana. Pero, sin duda, aquellos momen¬tos en que las ayudas exteriores fueron decisivas, be¬neficiaron ante todo a los sublevados. De cualquier modo, es innegable la mayor decisión de las poten¬cias fascistas, que no sólo no tuvieron inconveniente en apoyar una sublevación que al principio parecía fallida, sino que además emplearon tropas regulares propias para apoyarla y no escatimaron los envíos de material. Todo ello contribuye a decantar el balance final a favor del general Franco.

1. La formación de dos ejércitos

Sin duda, una de las mayores tragedias del Frente Popular fue la de que, cuando pudo contar verdadera¬mente con un ejército -aunque siempre inferior al ad¬versario en calidad-, ya era demasiado tarde para ob¬tener la victoria. Los primeros esfuerzos por militarizar a las masas populares se habían producido cuando el general Franco comenzó su ataque a Ma¬drid. Entonces habían llegado al gobierno republica¬no las quejas de sus mandos militares en el sentido de que las milicias sólo servían para labores de reta¬guardia, e incluso eran un elemento perturbador, es¬pecialmente los anarquistas, ya que los comunistas -el famoso 5º Regimiento- demostraban una eficien¬cia bastante superior. Aunque el número de milicia¬nos fue elevado, por el entusiasmo político, su efica¬cia militar era escasa.
A partir de 1936 se fue creando el llamado ejérci¬to popular, que era el fruto de la conversión de las antiguas milicias en unidades regulares. La organiza¬ción militar adoptada fue la de la «brigada mixta», «pequeña gran unidad», caracterizada por ser una especie de ejército en miniatura y por tanto más avanzada desde el punto de vista táctico que la vieja división en regimientos y batallones.
Pero esta militarización de las unidades republica¬nas no se produjo a la vez en todo el territorio contro¬lado por el Frente Popular: Cataluña organizó un ejército por su cuenta, la «columna de hierro» anar¬quista de Teruel se negó a aceptar la militarización y en el Norte no llegó a producirse de manera completa ni en los momentos más difíciles. Aun mostrándose fuerte en la defensiva, el nuevo ejército fracasó siem¬pre que se trató de llevar a cabo una maniobra de cierta envergadura. Otro grave inconveniente que pa¬deció fue la falta de mandos, en especial de mandos intermedios.
En el bando franquista la constitución de un ejér¬cito encontró muchas menos dificultades porque los generales ejercían el supremo mando político. La mi¬litarización de las milicias fue posterior a la de los frentepopulistas, quizá porque su necesidad era me¬nos acuciante y siempre se dispuso de una masa de maniobra profesional. Fue muy alto el número de vo¬luntarios cuya procedencia política era básicamente falangista o carlista. Respecto de los mandos, se crea¬ron los «alféreces» y «sargentos provisionales» -en número de unos 23.000 y 20.000, respectivamente-, que, adiestrados por instructores alemanes, encuadra¬ron a sus órdenes las nuevas unidades. Como en el ejército popular, también en el del general Franco hu¬bo unidades de élite que eran las empleadas en las ofensivas y demostraron una amplia capacidad de maniobra. Otro rasgo que lo diferenció de aquél fue su capacidad de concentración de los mejores recur¬sos para la ofensiva en un punto determinado.

2. La doble represión

En los dos bandos hubo un fenómeno semejante: la voluntad de exterminar al adversario produjo un si¬multáneo terror, característico de todas las guerras civiles. Aun antes que la transformación social, la primera consecuencia de la revolución en el bando del Frente Popular fue el «terror rojo», simultáneo a un «terror blanco» que se desencadenó en el otro bando con objetivos semejantes.
Respecto a los destinatarios de la represión, en el bando sublevado se exterminó a políticos adversa¬rios, masones, profesores de universidad y maestros tildados de izquierdismo, y a una docena de genera¬les que se habían negado a secundar el alzamiento. En la zona del Frente Popular fueron asesinados frai¬les, curas, patronos, militares sospechosos de fascis¬mo y políticos de significación derechista. Lo que no resulta de momento apreciable es el número de repre¬saliados en cada bando, pero es probable que las ci¬fras resulten bastante semejantes, sobre todo teniendo en cuenta las ejecuciones llevadas a cabo por el gene¬ral Franco al final de la guerra civil.
Puede decirse que la represión se produjo sobre todo en los primeros momentos del estallido del con¬flicto y que inicialmente tuvo un carácter espontáneo. La dureza de la represión fue mayor en aquellas zonas donde el temor al adversario también lo era. El poeta Federico García Lorca fue asesinado en la Gra¬nada de comienzos de la guerra civil, prácticamente rodeada, y en el Madrid de izquierdas aterrorizado por la proximidad del enemigo tuvo lugar el asesina¬to de un buen número de oficiales en las cercanías de Paracuellos en las mismas semanas.
Una de las consecuencias de la represión fue la adopción por la Iglesia católica de una postura neta¬mente favorable a los sublevados. En la zona contro¬lada por el Frente Popular desapareció el culto católi¬co y los incendios de templos llegaron a convertirse en actos rutinarios. El número de miembros del clero asesinados se acercó a las 7.000 personas. Todo esto resultó muy grave para el Frente Popular, por cuanto la inmensa mayoría de la España católica se alineó contra él y concibió la guerra civil como una auténti¬ca cruzada, aunque el Vaticano nunca se refirió a ella con esta denominación. Además, la imagen de la Re¬pública en el exterior se vio afectada muy negativa¬mente. La jerarquía eclesiástica no dudó en sus prefe¬rencias, y aun antes de que los dirigentes de la sublevación identificaran su causa con la del catolicismo, ella misma lo hizo. La Carta Colectiva de agosto de 1937, firmada por la mayoría de los obis¬pos, no trataba de justificar ante los españoles la vi¬sión de la guerra civil como una cruzada, pues ello ya era comúnmente aceptado por los católicos naciona¬les, sino ante los extranjeros. En este texto se intenta¬ba probar que la Iglesia había sido la «víctima princi¬pal» de la República.
En general, por tanto, el catolicismo apoyó clara¬mente al general Franco, a pesar de que en la propia España existía una división entre los mismos católi¬cos, al haber optado los nacionalistas vascos y parte de los catalanes, que eran católicos, por la causa re¬publicana. Pero factores de índole política explican también el resultado final de la guerra civil.

¬3. La evolución política del Frente Popular
Los temas que motivaron las divergencias entre los miembros del Frente Popular fueron precisamente los relativos a la revolución y a la constitución del ejército. Las posturas extremas fueron las representa¬das por el Partido Comunista y los anarquistas. En lí¬neas generales, los partidos burgueses se inclinaban más por la actitud comunista, mientras que los socia¬listas, demasiado divididos, en realidad no elabora¬ron un programa propio y tendieron a enzarzarse en disputas internas.

Comunistas y anarquistas
Los comunistas defendieron una postura diame¬tralmente opuesta a la que habían mantenido durante la Segunda República: si antes había sido maximalis¬ta, revolucionaria y casi insurreccionalista, ahora pa¬recían no apreciar siquiera las oportunidades revolu¬cionarias que se daban objetivamente en España en esos momentos. A lo sumo defendían la necesidad del control obrero y de una serie de reformas que hu¬bieran podido ser llevadas a cabo en una república democrática. En cambio, su insistencia en los proble¬mas militares era abrumadora: todo debía ser sacrifi¬cado en aras de la victoria en la guerra. De esta for¬ma, el Partido Comunista logró, por una parte, la adhesión de pequeños propietarios temerosos de la revolución y, por otra, la de militares que estaban in¬dignados con la ineficacia de las milicias populares.
En cambio, los anarquistas pensaban que la suble¬vación había creado las condiciones objetivas para el estallido de la revolución. Guerra y revolución tenían que ser dos procesos paralelos: no se podía ganar la guerra sin hacer la revolución. Y así se dio la parado¬ja de que los anarquistas, esencialmente enemigos del Estado y defensores a ultranza de la revolución, se vieron obligados a participar en el ejercicio del po¬der, primero en Cataluña y luego en toda España. En la polémica se impusieron poco a poco los comunis¬tas, aunque su triunfo no fue inmediato ni tampoco completo, ni siquiera al final.
En septiembre de 1936, cuando la situación mili¬tar era muy difícil, el presidente de la República, Ma¬nuel Azaña, nombró jefe de gobierno al socialista Francisco Largo Caballero, que fue recibido con «tolerancia y comprensión» por los anarquistas. Tan sólo dos meses después estaban representados en el gabinete. Sin embargo, la política seguida por Largo Caballero fue bastante menos revolucionaria de lo que se esperaba. De hecho se negó a la unificación del PSOE con el partido comunista, impulsó la mili¬tarización y siguió una línea independiente. Lo que dificultó su gestión de manera especial fueron los continuos roces de los anarquistas con todos los de¬más grupos políticos, que propiciaban, aunque en di¬verso grado, la unificación de esfuerzos en pro del triunfo militar. En mayo de 1937 se produjo un con¬flicto en Barcelona entre la Generalitat y los anar¬quistas, que degeneró en una lucha confusa que arro¬jó un saldo de 400 a 500 muertos. Estos sucesos de mayo provocaron la caída de Largo Caballero, al concitarse contra él los comunistas -que exigían un ritmo más vivo en la unificación política y militar del Frente Popular y criticaban la falta de conocimientos militares del viejo dirigente de UGT - y también al¬gunos socialistas de derechas e incluso de los grupos republicanos, coincidentes con ellos.

. El gobierno de Negrín y el apoyo comunista
El sucesor de Largo Caballero fue el catedrático de Medicina Juan Negrín, socialista del grupo de Indalecio Prieto. Dada su procedencia política, todo el mundo preveía que iba a operarse un giro hacia la de¬recha, el orden, la autoridad y la centralización, y los anarquistas lo calificaron de «contrarrevolucionario». Los mismos «trece puntos» en los que condensó su programa ante la guerra tuvieron un tono moderado.
El gobierno de Negrín llevó a cabo una buena par¬te de las tareas previstas e insistió de manera priorita¬ria en el esfuerzo militar, pero acabaron apareciendo los defectos de Negrín como gobernante. Bohemio y desordenado en el trabajo, cayó en el mismo persona¬lismo de su predecesor. Su actuación estaba cada vez más aislada del propio Manuel Azaña y de sus minis¬tros.
Otra acusación muy frecuente contra él fue la de que estaba dominado por los comunistas. En reali¬dad, Negrín tenía una política personal y utilizaba pa¬ra ella a los comunistas, pero a fuerza de descansar sobre ellos les permitió alcanzar mayor influencia que nunca. En los últimos meses de la guerra el go¬bierno de Juan Negrín fue considerado -por el tam¬bién socialista Luis Araquistain- como el «más inep¬to, más despótico y más cínico que hubiera tenido España». Juicios como éste, sin ser ciertos, testimo¬nian hasta qué punto se mantuvo la desunión en el bando republicano. Sin embargo hay que recordar que al final de la guerra los comunistas controlaban la mayor parte de las jefaturas de los ejércitos de tie¬rra, mar y aire, así como las direcciones generales de Seguridad y Carabineros. Pero si los comunistas ha¬bían alcanzado una influencia tan grande, aunque nunca decisiva, fue también en parte porque los de¬más no estuvieron a la altura de las circunstancias creadas por la guerra ni supieron darse cuenta de sus exigencias.

4. La unidad de los sublevados en torno a Franco
Como en el bando republicano, también en el franquista existieron corrientes opuestas, pero en él se consiguió la unidad efectivamente y, además, sin apenas derramamiento de sangre. En el bando fran¬quista el sentimiento católico y antirrevolucionario constituyó el factor decisivo de aglutinamiento de los distintos partidos y opiniones, mientras que el ejérci¬to desempeñó un indudable papel hegemónico tam¬bién en el terreno político. Estos factores hicieron po¬sible que los sublevados lograran la unidad sin excesivos inconvenientes.
La sublevación se justificó como un acto preventi¬vo frente a una revolución que se consideraba inmi¬nente, aunque la realidad fue precisamente la contra¬ria: la sublevación militar provocó la revolución social en el bando republicano. En cambio, el pro¬nunciamiento militar no era antirrepublicano: no sólo los generales Cabanellas o Queipo de Llano, sino también Franco, se manifestaron republicanos en sus primeras proclamas.

El acceso de Franco a la jefatura única
Desde el primer momento, en el bando sublevado la unidad fue sentida como necesaria aunque al prin¬cipio no fuera fácil. Una jefatura única indisputada hubiera podido ser la del general Sanjurjo, pero éste murió en accidente de aviación en Portugal el mismo 18 de julio. A finales de este mes se estableció una junta militar presidida por el general Cabanellas que pronto se reveló insuficiente como órgano políti¬co e incluso militar. Generales monárquicos (Kinde¬lán y Orgaz) y africanistas (Yagüe y Millán Astray), insistieron en la necesidad de lograr una mayor uni¬dad a través de una jefatura única, que debería ser la del general Franco. Finalmente, se proclamó a Fran¬co «jefe del gobierno del Estado», fórmula imprecisa que éste transformó en una verdadera Jefatura del Estado para sorpresa de alguno de sus compañeros de generalato, reduciendo el papel de la junta pree¬xistente al carácter de Junta Técnica del Estado. Además, la guerra civil le convertiría en «caudillo», es decir, líder indisputado.

La unificación de la derecha
Sin embargo, subsistían problemas de carácter po¬lítico. La situación era propicia a los partidos de ex¬trema derecha: monárquicos alfonsinos, carlistas y falangistas. En la primavera de 1937 hubo en este bando, como en el adversario, graves disidencias in¬ternas que concluyeron en el mes de abril de dicho año con el decreto de Unificación en un partido único de aquellos dos más importantes en la España sublevada: carlistas y falangistas. Sin duda, este pro¬ceso era predecible desde bastante antes. Los falangistas, que tenían una fuerza muy reducida en el año 1936, vieron aumentar sus efectivos en forma de una verdadera avalancha de adhesiones, pero sus dirigen¬tes eran de escasa talla, ya que su fundador, José An¬tonio Primo de Rivera, había sido ejecutado en la cár¬cel de Alicante y su partido estaba formado por jóvenes estudiantes sin experiencia profesional. Por otro lado, los carlistas, ya con anterioridad, habían tenido que renunciar a disponer de una academia mi¬litar propia, que fue prohibida por el general Franco. Ambos grupos estaban divididos, mientras que aque¬llos otros que habían sido más importantes durante la etapa republicana -la CEDA, por ejemplo- práctica¬mente habían desaparecido.
Junto al general Franco la figura más destacada del régimen en su primera etapa fue su cuñado Ra¬món Serrano Súñer, procedente de la derecha de la CEDA. Sus propósitos, descritos por él mismo, fue¬ron construir un Estado a base del «calor popular, so¬cial y revolucionario» de Falange y las doctrinas «al¬go más inactuales» del carlismo. Este carácter sincrético de todas las derechas sería muy caracterís¬tico del régimen de Franco.
Aparte de propiciar una posición reaccionaria en materias educativas y religiosas, el régimen distó mu¬cho de configurarse de una manera clara en esta pri¬mera etapa de su existencia. El único texto constitu¬cional aprobado fue un Fuero del Trabajo que no pasaba de ser una declaración de principios de carác¬ter social. Cuando, a comienzos del año 1938, se pro¬dujo la formación de un gobierno, su composición heterogénea demostró la pluralidad de componentes que existían en el bando sublevado.

S. Balance de una derrota y de una victoria

Como dice el historiador británico Raymond Carr, la guerra civil española fue «una guerra de pobres», en la que ninguno de los dos bandos podía emprender dos acciones ofensivas simultáneas porque carecía de fuerzas suficientes. Esta afirmación vale también en el terreno material. Desde el punto de vista militar, la guerra fue un conflicto de un país retrasado que no hizo prever las novedades técnicas que se utilizarían en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que los alemanes ensayaron alguna de ellas.
El ejército del Frente Popular desaprovechó las ventajas iniciales -con tan sólo dos escuadrillas hu¬biera evitado el paso de las tropas de Marruecos por el Estrecho de Gibraltar- y, aunque tras largo apren¬dizaje se capacitó para combatir a la defensiva, sus ofensivas tuvieron una escasa eficacia o condujeron a verdaderos desastres, como ocurrió al final de la gue¬rra. El ejército de Franco tuvo una capacidad de ma¬niobra mucho mayor, pero las virtudes de quien lo di¬rigía fueron más la prudencia, la constancia y la capacidad logística, que la audacia o la brillantez de concepción. Por tanto, los aspectos técnico-militares no son los que explican el resultado final de la guerra ni tampoco resulta tan decisiva la ayuda exterior reci¬bida por uno y otro bando.
Sin duda hubo algo mucho más fundamental: aun¬que la guerra contó con un fuerte apoyo popular en ambos bandos, el vencedor supo poner mucho mejor los medios para ganarla que el perdedor. La principal razón de ello estriba, en buena parte, en que, aunque los propósitos de unos y otros eran negativos (antico¬munismo en el bando franquista y antifascismo en el bando republicano), lo eran mucho más los del ven¬cedor, que se sublevó por un reflejo de defensa ante la revolución, mientras que los frentepopulistas se lanzaron a toda suerte de experimentos revoluciona¬rios. En suma, la realidad es que si el Frente Popular fue derrotado, la causa estuvo, en gran medida, en él mismo: como escribió el general Rojo, «fuimos co¬bardes por inacción política antes de la guerra y du¬rante ella». Los perdedores, en efecto, no pusieron los medios para lograr la victoria.
La guerra civil española, como cualquier otra de su clase, mezcló confusamente la barbarie y el heroís¬mo, la intemperancia y la lucidez. Quienes mejor que¬dan parados de ella fueron quienes hicieron todo lo posible por evitar el mayor derramamiento de sangre. De ellos, el que expresó esa voluntad de una forma literariamente más bella fue Manuel Azaña, cuando en un discurso pronunciado en el año 1938 aseguró que los cuerpos de los caídos llevarían un mensaje de «paz, piedad y perdón» a las generaciones posteriores.

6. Los intelectuales y la guerra de España
También en otro aspecto la guerra civil española tuvo un trascendental impacto sobre la vida interna¬cional. El historiador Hugh Thomas ha afirmado que la contienda española fue una especie de Vietnam de los años treinta: era tan fácil el maniqueísmo que to¬da la intelectualidad liberal o izquierdista se sintió obligada a tomar postura frente al conflicto bélico a favor de la República. En consecuencia, la clara mayoría del mundo cultural se pronunció en contra del general Franco: en una encuesta británica, la pro¬porción era de 20 a 1. La guerra se convirtió así en la última «gran causa»: si nunca en este siglo tantos es¬critores de tantos países escribieron desde un punto de vista político sobre un suceso histórico, fue por¬que, en un mundo que parecía retroceder, decadente, ante el fascismo, el caso español les parecía «lo único que puede mantener la esperanza» (Einstein). Por ello no es extraño que lo interpretaran de una manera sim¬ple, ni que en buena medida trasladaran a un conflicto civil concreto sus propias tensiones espirituales.
Independientemente de que sus juicios fueran o no acertados, algunos -no todos- de esos intelectuales de izquierda encontraron en su experiencia española la base de algunas de sus mejores obras. Baste citar L' Espoir del francés André Malraux, F or whom the bell tolls del norteamericano Ernest Hemingway o Homage to Catalonia del británico George Orwell. Cada una de ellas viene a ser como una especie de autobiografía particular ante el conflicto y de las en¬señanzas sacadas durante él.
También hay que hacer mención a los más escasos intelectuales que apoyaron al general Franco: de un lado la intelectualidad prófascista como Charles Maurras, Ezra Pound o Roy Campbell; de otro, una buena parte de los intelectuales católicos (con excep¬ciones significativas, situadas en los antecedentes de la democracia cristiana, como Jacques Maritain y Frans;oise Mauriac). Entre estos últimos recordemos en Gran Bretaña a Hilaire Belloc, sir Arnold Lunn y Evelyn Waugh, y, en Francia, a,Paul Claudel.
En líneas generales, las posturas de unos y otros pecaron de una excesiva simplificación. Sin duda mucho más dura y difícil fue la decisión que hubieron de tomar los intelectuales españoles, que conocían mucho mejor las circunstancias que habían llevado al conflicto bélico. La llamada Generación del 98, libe¬ral pero no demócrata en todos los casos, ni tampoco socialista, se encontró incómoda en los dos bandos. El filósofo José Ortega y Gasset y el doctor Gregorio Marañón combatieron las excesivas simplificaciones de la izquierda acerca de lo que fuera el Frente Popu¬lar. Por su parte, el escritor Miguel de Unamuno, que al principio fue un enfervorizado partidario de la su¬blevación, acabó decepcionándose tras un sonado in¬cidente que tuvo con el general Millán Astray. El es¬critor Pío Baroja huyó de las dos zonas en guerra pero acabó incorporándose a la de Franco.
Sin duda, fueron los intelectuales más jóvenes los que más se comprometieron con uno y otro bando. La vanguardia literaria y artística prestó un buen ser¬vicio de propaganda al Frente Popular: mientras Pa¬blo Picasso pintaba su Guernica para el Pabellón de la República española en la Feria de París (1937), el poeta Miguel Hernández apostrofaba a Benito Mus¬solini, «dictador de cadenas, carcelaria mandíbula de canto», y Rafael Alberti cantaba a las Brigadas Inter¬nacionales que «con las mismas raíces que dan un mismo sueño, sencillamente, anónimos y hablando habéis venido». Hubo, sin embargo, también una por¬ción considerable de la intelectualidad relacionada con la generación de 1927 que se identificó con el bando de Franco, en especial con la Falange juvenil y revolucionaria.

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1934

LA REVOLUCION DE ASTURIAS.

El Presidente del Consejo de Ministros tiene el honor de dirigirse a los españoles:
A la hora presente, la rebeldía que ha logrado perturbar el orden público, llega a su apogeo.
Afortunadamente, la ciudadanía española ha sabido sobreponerse a la insensata locura de los mal aconsejados, y el movimiento, que ha tenido graves y dolorosas manifestaciones en pocos lugares del territorio, queda circunscrito, por la actividad y el heroísmo de la fuerza pública, a Asturias y Cataluña.
En Asturias, el Ejército está adueñado de la situación, y en el día de mañana quedará restablecida la normalidad.
En Cataluña, el Presidente de la Generalidad, con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el Estat Catalá.
Ante esta situación, el Gobierno de la República ha tomado el acuerdo de proclamar el estado de guerra en todo el país.
Al hacerlo público, el Gobierno declara que ha esperado hasta agotar todos los medios que la ley pone en sus manos, sin humillación ni quebranto de su autoridad.
En las horas de la paz no escatimó transigencia.
Declarado el estado de guerra, aplicará sin debilidad ni crueldad, pero enérgicamente, la ley marcial.
Está seguro de que ante la rebeldía social de Asturias y ante la posición antipatriótica de un Gobierno de Cataluña, que se ha declarado faccioso, el alma entera del país entero se levantará, en un arranque de solidaridad nacional, en Cataluña como en Castilla, como en Aragón como en Valencia, en Galicia como en Extremadura, y en las Vascongadas, y en Navarra, y en Andalucía, a ponerse al lado del Gobierno para restablecer, con el imperio de la Constitución, del Estatuto y de todas las leyes de la República, la unidad moral y política, que hace de todos los españoles un pueblo libre, de gloriosas tradiciones y glorioso porvenir.
Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura que han cometido unos cuantos. El Gobierno les pide que no den asilo en su corazón a ningún sentimiento de odio contra pueblo alguno de nuestra Patria. El patriotismo de Cataluña sabrá imponerse allí mismo en la locura separatista y sabrá conservar las libertades que le ha reconocido la República bajo un Gobierno que sea leal a la Constitución.
En Madrid, como en todas partes, una exaltación de la ciudadanía nos acompaña.
Con ella y bajo el imperio de la ley vamos a seguir la gloriosa historia de España.”

Gaceta de Madrid, 7 de octubre de 1934

1. Realizar el comentario de texto atendiendo a las siguientes cuestiones:
a. Tipo de texto, circunstancias concretas en que fue escrito, destino y propósito de quién lo escribió.
2. Indicar y explicar las ideas aparecidas en el texto resumiendo el contenido.
3. Responder a las siguientes cuestiones:
a. Explicar los rasgos definitorios de la situación política que conducen a los motivos y estado de opinión a la que obedece el texto.
b. Exponer el desarrollo de la crisis final del Bienio Conservador y el desarrollo de la etapa del Frente Popular.

TEMA LA SEGUNDA REPUBLICA

LA SEGUNDA REPUBLICA (1931-1936).

EL GOBIERNO PROVISIONAL REPUBLICANO: LAS PRIMERAS REFORMAS

El 14 de abril se formó un Gobierno Provisional, en que estarían presentes la mayoría de los líderes del Comi¬té Revolucionario creado por el Pacto de San Sebastián. Su principal misión sería convocar elecciones a Cortes Cons¬tituyentes para que elaborasen una nueva Constitución. La Presidencia del gobierno provisional de la República reca¬yó en Alcalá Zamora.
Este gobierno, en los dos meses que duró, llevó a cabo reformas inmediatas:

En educación, la reforma iba dirigida a la extensión de la enseñanza primaria y la supresión de la enseñanza obli¬gatoria de la religión. Se construyeron, en dos años, 6.570 escuelas y se convocaron oposiciones para 7.000 maes¬tros, con un considerable aumento del sueldo de éstos; se planificó la creación de 5.000 bibliotecas rurales y se ini¬ciaron campañas de alfabetización de adultos
En el campo, se establecía la jornada laboral de ocho horas, la obligatoriedad para los patronos de dar trabajo a los jornaleros del término municipal, la fijación de salarios mínimos, la prohibición de desahuciar a los arrendatarios por falta de pago al propietario y también un decreto de "laboreo forzoso", por el que los propietarios se veían obli¬gados a poner en producción sus parcelas cultivables.

En el ejército, que era mayoritariamente monárquico, el Ministro de la Guerra, Azaña, intentó modernizarlo y someterlo al poder civil. AI ser un profundo conocedor del papel golpista que había desempeñado el ejército en los últi¬mos cien años de la Historia española, decidió eliminar de él a los posibles golpistas, intentando de esta manera evitar el peligro de que un nuevo pronunciamiento terminase con la República. La conocida, popularmente, como "ley Azaña del 31 ", hacía posible el pase a la reserva, conservando el suel¬do íntegro, de los jefes y oficiales que no quisieran prome¬ter fidelidad a la República: aceptaron la baja 84 generales, 8.650 oficiales y 1.866 mandos menores (cerca del 50 % del total). Al resto, les exigió una declaración expresa de fideli¬dad a la República. Redujo a la mitad el número de unidades y eliminó los cargos de teniente general y capitán general; también cerró la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por el general Franco -que se disgustó profundamente-, por considerarla un posible foco antirrepublicano y gol pista. Suprimió los ascensos por méritos que no fuesen debidos a la antigüedad por lo que algunos generales como Franco, perdieron puestos en el escalafón. Muchos suboficiales se beneficiaron al propiciar su rápido ascenso al cuerpo de ofi¬ciales. Algunas de estas medidas le enemistaron con algunos mandos que, cinco años más tarde, protagonizarían otra sublevación que originaría la Guerra Civil.
En la Iglesia Católica, también estrechamente vincula¬da con la monarquía derrocada y debido al habitual anticle¬ricalismo republicano, los problemas fueron múltiples: la supresión de la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas empezó a despertar el recelo del clero y causó tam¬bién disgusto la eliminación de las subvenciones eclesiásticas por parte del Estado. El creciente anticlericalismo popular habría de desembocar pronto, el I I Y 12 de mayo de 193 1, en la quema de un centenar de iglesias y conventos en Madrid y otras ciudades como Murcia, Málaga, Sevilla y Cór¬doba. La Iglesia y las clases acomodadas acusaron al gobier¬no de pasividad en evitar estos actos vandálicos, pese a que éste declaró el estado de guerra. Contaba la Iglesia española en 1931 con 32.702 sacerdotes y 103.974 religiosos. Su apo¬yo a las clases dirigentes, les harían pronto blanco de las iras populares apareciendo un creciente anticlericalismo que rayaba a veces en lo grotesco, como por ejemplo la normativa municipal en algunos ayuntamientos que establecían un impuesto especial para el entierro de los católicos, o por el toque de campanas.
Se produjo en el país un aumento de huelgas (de pescadores, mineros, brace¬ros del campo, de la Telefónica) que terminaron enfrentando a los huelguistas con la Fuerza Pública, produciéndose varios muertos.
La cuestión de las autonomías empezó a tomar cuerpo y en Cataluña, el líder autonomista Maciá proclamó, ilegalmente, la República Catalana, sin esperar la legislación parlamentaria respecto a este tema.


- LA CONSTITUCIÓN REPUBLICANA DE 1931

A. LAS CORTES CONSTITUYENTES (JUNIO 1931)

Las elecciones que convocó el gobierno provisional para crear las nuevas Cortes de la República se celebraron el 28 de junio con una amplia participación popular mas¬culina, un 70 % Y unos 4'5 millones de votantes, dándose el mayor número de abstenciones en las zonas de influencia anarquista, que intentaron boicotearlas (Barcelona, Cádiz).
La mayoría de los diputados elegidos eran republicanos y obtuvo el triunfo la coalición republicano-socialista. El objetivo fundamental del nuevo gobierno era elaborar una nueva Constitución para el país, que sustituyese a la monárquica de 1876.


B. LA CONSTITUCIÓN DE 1931

La Constitución de 1931 se asemejó a la que, tras la Primera Guerra Mundial, habían elaborado otros países europeos democráticos. Pero en el caso español, sin expe¬riencia democrática, los artículos de la nueva Constitución reflejan planteamientos absolutamente nuevos, modernos y revolucionarios. Tanto que puede afirmarse que esta Constitución sólo fue aceptada por la mitad de España.
España es, según el artículo 10 "...una República demo¬crática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de justicia". Reconocía también la liber¬tad de expresión, de reunión y de asociación.
En cuanto al polémico tema de las autonomías, puer¬ta según las derechas para el separatismo y la ruptura de la unidad nacional, la nueva Constitución afirmaba: "La República constituye un Estado integral, compatible con la auto¬nomía de los MuniciPios y las Regiones". Las provincias que al unirse deseasen formar una región autónoma deberían, necesariamente, presentar a las Cortes de la nación un proyecto de Estatuto de Autonomía.
Con respecto a la educación, la Constitución garanti¬zaba su derecho a todo el mundo, siendo el Estado el res¬ponsable de su generalización: las escuelas serían públicas, mixtas, gratuitas y obligatorias. La asignatura de religión quedaba eliminada de los programas docentes.
Los artículos que hacían referencia a la situación de la Iglesia fueron los que suscitaron más polémica y enfrenta¬mientos. Los elementos más radicales y anticlericales abo¬garon por la disolución de todas las órdenes religiosas y la confiscación de sus bienes. Esta medida no se aplicó y se decidió disolver aquellas congregaciones religiosas que tuviesen "obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado", por lo que fue disuelta la Compañía de Jesús que debía obediencia directa al Papa. La Iglesia dejaría de perci¬bir subvenciones del Estado y se le prohibía, además, la docencia y dedicarse a actividades comerciales e industria¬les. Se proclamaba también la libertad de cultos y la sepa¬ración entre la Iglesia y el Estado se iba acentuando: "El Estado español no tiene religión oficial". El que sería presiden¬te del gobierno, Manuel Azaña, había puesto el dedo en la llaga al afirmar en los debates parlamentarios que "España había dejado de ser católica". Las relaciones con la Iglesia se enturbiaron y una buena parte de la sociedad católica espa¬ñola se distanció del régimen republicano.
Artículos necesarios e innovadores fueron los que reconocían la libertad de expresión ("derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones sin sujetarse a censura pre¬via"), el voto femenino, por primera vez en la historia de España, la posibilidad de que las mujeres pudiesen ocupar cargos públicos y también el derecho al divorcio ("el matri¬monio se funda en la igualdad de ambos sexos y podrá disol¬verse por mutuo disenso o a petición de cualquiera, con alegación, en este caso, de justa causa"). Se establece el matrimonio civil y la igualdad de derechos entre hijos legí¬timos e ilegítimos.

La legislación laboral era también moderna y justa, pro¬tegiendo los derechos de los trabajadores (seguros de desempleo, enfermedad, etc.). Especialmente revolu¬cionario era el artículo 44 que preveía que "la propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de exproPiación forzosa por causa de utilidad social, mediante adecuada indemniza¬ción Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados". Las ilusiones de los jornaleros sin tierra aumentaron y la oposición de los propietarios latifundistas creció, aunque "en ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes". Se reconocía el derecho a la propiedad privada y a la libre iniciativa indivi¬dual, aunque ambas se subordinaban a los intereses de la economía nacional. dejándose así la puerta abierta a la nacionalización, socialización e intervención estatal en la economía.

Tras la aprobación de la Constitución por el Parlamen¬to, fue designado Presidente de la Segunda República Espa¬ñola, Alcalá Zamora y Jefe del Gobierno o Presidente del Consejo de Ministros, Azaña. El presidente de la República.


elegido por un periodo de seis años, sería el encargado de nombrar al Presidente del Gobierno y a los ministros que éste le propusiese.
En resumen, la Constitución de 193I suponía, sin duda, una democratización profunda de las estructuras anticuadas del Estado y era más moderna que alguna de las europeas de su entorno. No fue, sin embargo, una Constitución aceptada por todos los grupos políticos lo que sin duda le hubiese dado más estabilidad. Era una Constitución de izquierdas que recogía las ideas de una mayoría de parlamentarios socialistas y republicanos. La derecha quedaba marginada y arrinconada con lo que no tardaría en empezar a conspirar contra ella. Era una Constitución burguesa que no satisfacía a las derechas, que se sentían perjudicadas, ni a la extrema izquierda, que veía en ella la muralla para una revolución social.

LA REPÚBLICA DE IZQUIERDAS: BIENIO
REPUBLICANO-SOCIALISTA (1931-1933)

A. LA POLÍTICA REFORMISTA DE AZAÑA

Se ha señalado que si algún adjetivo se ajustó al nuevo presidente del gobierno, Azaña, fue el de reformista por la gran cantidad de cambios que su gobierno había de aco¬meter en poco tiempo.
La serie de leyes a elaborar, votar y aplicar eran impor¬tantísimas: Ley de Bases de la Reforma Agraria, Ley del Divor¬cio y del Matrimonio Civil, el Estatuto de Autonomía para Cataluña, Ley de Congregaciones Religiosas o la Ley de Orden Público, entre otras.

Muchas fueron de difícil o lenta aplicación porque gran parte de los funcionarios públicos, en todo el país, eran los mismos que había con la monarquía y en los puestos que ocupaban podían obstaculizar o retrasar las reformas que el gobierno planteaba. Ésta no era la única cuestión, pues, a la falta de presupuestos por los problemas de la Hacien¬da Pública, se unía la falta de tranquilidad que necesitaba el gobierno y el Parlamento para legislar y aplicar las leyes. A un sobresalto de orden público sucedía otro.
Con respecto al problema autonómico en Catalu¬ña, el 90 % de los ciudadanos habían votado a favor del Estatuto de Autonomía y éste fue aprobado, aunque se eliminó de él cualquier referencia al derecho de autode¬terminación, a la declaración del catalán como lengua úni¬ca y al derecho de incorporación de otros territorios. En septiembre de 1932, según dicho Estatuto, "Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado Españof'.

A partir de ahora Cataluña, tuvo un gobierno autóno¬mo, la Generalitat, con un Presidente (Maciá), un poder legislativo o Parlamento y un Consejo o poder ejecutivo; tendría también policía propia y se reconocían como len¬guas oficiales el castellano y el catalán. Satisfizo a la mayo¬ría de los catalanes, salvo a los radicales que pretendían una total separación de España.
Intelectuales de la talla de Unamuno u Ortega y Gasset, periódicos como el ABC, el Imparcial y otros, arremetían contra el Estatuto de Autonomía Catalán por considerarlo separatista. De esta opinión eran, también, algunos militares, entre los que destacaban Sanjurjo y Goded.
Los vascos, también en aquellos momentos, estaban intentando lograr, en el Parlamento de Madrid, un estatuto parecido, teniendo cada vez mas importancia el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Igual ocurría en Galicia y en menor medida también en Valencia, Castilla, Aragón, Anda¬lucía, Baleares. Para los que veían en el fenómeno de las autonomías el desmembramiento de España y el perjuicio de sus intereses personales, la animadversión hacia la Repú¬blica que las propiciaba, iba creciendo día a día.
Muchos jornaleros habían supuesto que la llegada de la República era sinónimo de reparto de tierras. Sus esperanzas empezaron a verse defraudadas y así, el día de fin de año de 1931, tuvo el gobierno que enfrentarse a su primer conflicto grave: en el pueblo de Castiblanco (Bada¬joz), la Guardia Civil* al disolver una manifestación de campesinos, mató a uno; la multitud, enfurecida, atacó a los guardias. La situación se agravó más todavía cuando, en Arnedo (Logroño), la Guardia Civil, mató en una manifes¬tación a cuatro mujeres e hirió a veintiocho personas. El gobierno hizo responsable al general Sanjurjo, Director General de la Guardia Civil, de los excesos de Arnedo y lo destituyó. Se ganaba así un peligroso enemigo que no tar¬daría en atentar contra la República. Por otro lado, depor¬tó a Guinea a más de cien anarquistas relacionados con estos sucesos. Mientras el Parlamento debatía estas leyes, las huelgas se multiplicaban.

En algunos pueblos del Bajo Llobregat, como Sallent (Barcelona) los mineros ocuparon la ciudad y se declararon independientes. Tras izar la bandera roja en el ayuntamiento, se abolió la propiedad privada y el dinero. El gobierno tuvo que ocupar la ciudad mediante las fuerzas del orden.
En los cuarteles militares, la oposición era cada vez mayor y Azaña tuvo que cesar a tres generales. Respecto al problema del paro, no hubo un plan eficaz para su solución a gran escala, pese a que el gobierno inició un plan de Obras Públicas destinado a absorberlo.
Se realizó un notable esfuerzo en el plano educativo: mediante 14.000 maes¬tros, 10.000 escuelas y un incremento del SO % en los presupuestos destinados a educación.

B. AZAÑA y LA LEY DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA

Manuel Azaña, al comprobar el acoso que soportaba el nuevo el régimen políti¬co, hizo saber que el gobierno haría que la República fuese respetada por todos los españoles.
Una de las medidas para lograr este respeto al orden constitucional fue la llama¬da Ley de Defensa de la República. Esta era una auténtica ley de excepción que, en caso necesario, permitía al gobierno suspender las garantías constitucionales, para de esta manera controlar cualquier oposición al régimen. La derecha llegó a afirmar que era una auténtica dictadura del gobierno que amenazaba las libertades demo¬cráticas. Azaña justificará esta ley por la necesidad de republicanizar la administración, de forma que la República y sus leyes llegasen a todos los rincones de España.
También se creó, en 1931, la Guardia de Asalto*.
El paro aumentó enormemente en el periodo republicano. Tenemos que recordar que la crisis mundial de los años 30, procedente del crack del 29 estadounidense, estaba afectando mucho a casi toda Europa.

C. El PROBLEMA AGRARIO

A la llegada de la República el gran problema del cam¬po español seguían siendo los latifundios, especialmente de Andalucía y Extremadura. Se calcula que más de la mitad de la tierra cultivada en España eran propiedades superio¬res a las 100 hectáreas. Estos latifundios estaban en manos de propietarios absentistas que no los cultivaban direc¬tamente, sino que lo hacían a través de un capataz o arren¬daban la finca. Estos, capataz o arrendatario, eran los encargados de contratar, al salir el sol y en la plaza de los pueblos, a los braceros a los que ofrecían un jornal muy bajo e insuficiente que oscilaba entre las 2'80 (en tempo¬rada baja) y las 5'50 pesetas al día (en tiempos de reco¬lección) trabajando "de sol a sol".
El dinero obtenido de estos latifundios raramente era reinvertido allí por el propietario. Solían carecer de maqui¬naria moderna, abonos, y muchos de ellos estaban mal cul¬tivados, por lo que su rentabilidad era baja.

La oferta de mano de obra era muy superior a la demanda por lo que los abusos en el salario a la hora de contratar eran frecuentes. La miseria y la desesperación eran habituales entre estos jornaleros que ya no tenían la válvula de escape de la emigración a las ciudades o a Amé¬rica, dado que la crisis económica del año 1929 había colapsado el trabajo industrial. En estas condiciones, la situación del campo español era un auténtico barril de pól¬vora, donde arraigaban fácilmente las tendencias revolu¬cionarias.

Las medidas que hasta entonces había tomado el gobierno, que ya hemos estudiado, habían servido sólo para aliviar pero no habían solucionado el fondo del pro¬blema; el campesinado sin tierras al que la propaganda electoral había prometido soluciones rápidas y radicales, se desesperaba por la lentitud del gobierno y se sucedían los motines y ocupación de fincas, hechos que eran ataja¬dos rápidamente por los propietarios o por la fuerza pública. Hacía falta una ley que definitivamente zanjara la cuestión.
La miseria también se cebada con millares de peque¬ños propietarios minifundistas que con numerosa familia que mantener y con los escasos ingresos obtenidos de sus tierras, generalmente pobres, tenían que caer en manos de prestamistas que los encadenaban con intere¬ses abusivos.

Las revueltas campesinas, huelgas, ocupaciones de fincas, destrucción de maquinas y cosechas fue habitual en los campos durante estos años.

D. LA REFORMA AGRARIA: UN PROBLEMA SIN SOLUCIONAR

_La Reforma Agraria en España fue el problema, sin solucionar, más importante de la Segunda República. Fue un experimento fallido, pues entre obstáculos en su aproba¬ción y lentitudes en su aplicación, no se llevó casi a la prácti¬ca. Las causas del fracaso son diversas: la falta de medios económicos, la complejidad de la ley y la incompetencia de muchos de los encargados de aplicarla, en especial del Minis¬tro de Agricultura, Marcelino Domingo, reputado escritor y periodista. Fue la discusión y ejecución de esta ley la que más problemas ocasionó al primer gobierno de la República y la que posiblemente más contribuyera a su caída a fines de 1933 para que fuese sustituido por un gobierno de derechas.
Inicialmente los anuncios de reparto le valieron el apo¬yo y el voto de cientos de miles de jornaleros, pero la lentitud en la aplicación de la ley hizo que la agitación cre¬ciese en el campo, especialmente en el año 1933 (sucesos de Casa Viejas). Muchos campesinos empezaron a consi¬derar que solo quedaba un camino para lograr sus reivin¬dicaciones: la revolución.
Los propietarios agrícolas amenazados con la expropiación de sus tierras se unieron para combatir esta ley y encontraron en el Parlamento el claro apoya de la derecha agraria que obstaculizó, lo más que pudo, su pues¬ta en marcha
También el campesino medio, conservador por natu¬raleza, aunque no estaba amenazado por la Ley de Reforma Agraria, de alguna manera se sintió también intranquilo por las ocupaciones de fincas y por los intentos de socialización, los hurtos crecientes por hambre y necesidad, la destruc¬ción de máquinas que quitaban puestos de trabajo, la quema de cosechas. En las elecciones de fines de 1933, apoyó a la derecha, confiando en que otro tipo de gobierno haría rei¬nar la paz social en el campo, aunque fuese por la fuerza.
En 1931 se aprobó el Decreto de Términos Munici¬pales que obligaba a los propietarios a contratar preferen¬temente a jornaleros locales antes que a los forasteros. Tenía gran importancia pues, en caso de huelga de jornale¬ros de la localidad, el propietario no podría irse a otro municipio a contratar a otros trabajadores y así acabar con ella. El mismo año se promulgó el Decreto sobre Labo¬reo Forzoso que obligaba a los propietarios a realizar tareas imprescindibles (desbroce de monte bajo) que mejo¬rasen los cultivos y aumentasen la mano de obra.
Se crearon los jurados Mixtos de Trabajo Rural, Propiedad Rústica e Industrias Agrícolas, formados por propietarios y representantes de los jornaleros sindicados que reglamentarían las condiciones de trabajo y los salarios, harían de árbitros en los conflictos entre arrendatarios y propietarios como también mediarían en los conflictos colectivos. Se generalizó también el Seguro de Accidentes de Trabajo; se reguló la jornada laboral de ocho horas, considerándose como horas extras las restantes.
Estas leyes no siempre se cumplían y frecuentemente eran bloqueadas por los propietarios con el objetivo de desgastar al gobierno.

E. LA APLICACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA

El ministro de Agricultura indicó que la Reforma Agraria se hacía para aminorar el paro en el campo, asentando a jornaleros en las tierras expropiadas a gran¬des propietarios absentistas. Estas tierras se repartirían individualmente (tendencia de los republicanos), o en cooperativas (idea de los socialistas) y se procuraría, con créditos a los nuevos propietarios, que las modernizaran, aumentaran la producción y las superficies dedicadas al regadío. Se trataba de fomentar la pequeña propiedad y estimular la productividad. En resumen: tierra para el que no tenía, fin del latifundio y castigo del absen¬tismo.


Hubo varios proyectos. El mas sencillo fijaba que anual¬mente se asentarían entre 60.000 y 75.000 familias cam¬pesinas en tierras que ocuparían "temporalmente por tiempo indefinido" en propiedades superiores a 10 hectáreas de regadío y de más de 300 hectáreas de secano. Las tierras las podrían explotar comunal mente o de forma individual. Se creaba el IRA (Instituto de Reforma Agraria) para su ejecución y los medios para llevarla a cabo se obten¬drían de un impuesto especial a las grandes propiedades. El proyecto fue rechazado por el Parlamento.
El que se aprobó finalmente el 24 de agosto de 1932 -por 318 votos a favor y 19 en contra de la derecha agra¬ria-, fue un texto complicado (contemplaba hasta trece categorías de tierras expropiables, lleno de errores, que exigía una burocracia tan enorme para hacer inventario de las propiedades a expropiar y unos medios económicos tan grandes para indemnizar a los antiguos propietarios, que en la práctica apenas se aplicó. La ley afectaba funda¬mentalmente a grandes zonas latifundistas como toda Andalucía, Extremadura y las provincias de Salamanca, Ciu¬dad Real, Toledo y Albacete. El IRA se encargó de hacer un Registro de la Propiedad Expropiable.
Según la Ley de Bases de la Reforma Agraria, se expro¬piarían, sin indemnización, las tierras de los Grandes de España, por considerar que habían apoyado el intento de golpe de Estado que pocos días antes había dado el gene¬ral Sanjurjo. La medida era importante pues 65 aristócratas poseían más de 500.000 hectáreas. Se expropiarían, con indemnización, las tierras sin cultivar o mal cultivadas, las regables y no regadas y las que ocupasen más de la sexta parte de un municipio y fuesen de un sólo propietario; tam¬bién las que su dueño las tuviese siempre arrendadas o al menos durante los doce últimos años, si pagaba anualmen¬te más de 1.000 pesetas de renta catastral.


Los campesinos no podrían vender, ni arrendar ni hipo¬tecar las tierras que se les dieran. El IRA debía de indem¬nizar a los propietarios y dar créditos a los campesinos para abonos, semillas, maquinaria etc.
Las indemnizaciones se harían, parte en efectivo (un 20 % para las propiedades más pequeñas y un I % para las mayores) y el resto en títulos de Deuda Pública emi¬tidos por el Estado.
¿Cuánto dinero se asignó al Instituto de Refor¬ma Agraria anualmente? La pequeña cantidad de 50.000.000 de pesetas (el I % del presupuesto del Esta¬do). Con estos insignificantes medios, la Ley de Bases de la Reforma Agraria se convirtió en letra muerta y en la gran ilusión perdida. Hasta la extrema derecha, en boca de José Antonio Primo de Rivera, criticó la escasez de dinero que hiciera posible la aplicación de la Reforma Agraria.
¿Qué repercusiones tuvo la Reforma Agraria? ¿A cuantas familias de jornaleros agrícolas afectó? ¿Cuántas tierras se expropiaron? A finales de 1933, cuando llegó la derecha al poder y se paralizó la Reforma Agraria, sólo se habían asentado de forma definitiva unas 2.500 familias campesinas sobre 24.203 hectáreas. En 1935, el gobierno de derechas aprobó la Ley de Reforma de la Reforma Agraria, para acabar con la tímida experiencia.

LA CRISIS DE LA REPÚBLICA DE IZQUIERDAS


A. PRIMERAS INTENTONAS DE GOLPE DE ESTADO

El descontento de la derecha monárquica y de una par¬te del estamento militar contra la República, se plasmaría en algunos intentos de sublevación, siendo el de más rele¬vancia el que encabezó el 10 de agosto de 1932 el gene¬ral Sanjurjo conocida como "la Sanjurjada". El general rebelde no pretendía derribar la República, sino crear un gobierno republicano de signo claramente derechista.
Azaña, enterado de la conspiración, dejó hacer y dio orden a la Guardia de Asalto para que detuviera a los cons¬piradores. Así se hizo, tras un breve tiroteo en Madrid. En Sevilla, Sanjurjo proclamó el estado de guerra y detuvo a las autoridades civiles, pero el pueblo se lanzó a la calle a defen¬der la República. La mayor parte del ejército no le secundó. Sanjurjo fue detenido. El prestigio de Azaña se consolidó; la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña salían adelante en el Parlamento, empujados por estos sucesos; los Grandes de España, que estaban detrás del golpe, fueron expropiados sin indemnización.
Sanjurjo era condenado a muerte, pena que era con¬mutada por la de cadena perpetua y después por el exilio. Cuatro años después será uno de los cabecillas que -jun¬to a Mala y Franco- vuelva a atacar a la República y uno de los responsables de la Guerra Civil.

B. CASAS VIEJAS Y El DESPRESTIGIO DEl GOBIERNO

Hubo durante estos dos años numerosos levanta¬mientos campesinos, generalmente de signo anarquista, en muchos pueblos. El guión a seguir, que solía repetirse, era éste: los elementos extremistas se sublevaban contra las autoridades atacando el Ayuntamiento, la Iglesia y a veces a la Guardia Civil, quemándose, si lo había, el Regis¬tro de la Propiedad. La sublevación solía terminar violen¬tamente con la llegada de las fuerzas de orden público que el gobierno mandaba desplazarse desde la capital de la provincia.
Especialmente grave fue lo acaecido en Casas Viejas (Cádiz). En este lugar, el II de enero de 1933, campesinos anarquistas de la CNT, se apoderaron del pueblo y acaba¬ban con la vida de dos guardias civiles del puesto. El gobier¬no envió refuerzos (Guardia Civil y Guardia de Asalto) para que recuperaran el lugar. Uno de los cabecillas anarquistas se atrincheró en su casa, con sus hijos y nietos. Las fuerzas del orden prendieron fuego a la vivienda y acribillaban a tiros a sus seis ocupantes (un niño incluido); después die¬ron una batida por el pueblo. Se detuvo y ejecutó a doce campesinos más. La opinión pública y el Parlamento se con¬movieron. Los cenetistas y comunistas atacaron ferozmen¬te al gobierno. La derecha, que tanto reclamaba más orden, aprovechó también la ocasión para aumentar sus críticas. El presidente del gobierno, Azaña, cometió el error de afirmar que "En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir". La imagen del gobierno salió empañada. En definitiva, la desproporcionada represión del gobierno a un levantamiento campesino, ocasionó muchas críticas, el desprestigio de Azaña y de la coalición gobernante.

C. El FIN DE LA REPÚBLICA DE IZQUIERDAS

La oposición al gobierno crecía y dentro del mismo se oían voces críticas que pedían cambios radicales hacia la izquierda o más moderados. Los líderes del PSOE, Indalecio Prieto y Largo Caballero, o el Presidente de la República, Alcalá Zamora, descontento con la política anticlerical de Azaña presionaron. Malas cosechas hacían aumentar el paro y las tensiones en el campo.
La derecha se organizaba en torno al abogado Gil Robles creando un partido, la C.E.D.A. (Confederación Española de Derechas Autónomas) que aglutinaba todas las tendencias opuestas al gobierno Azaña y cuyo programa electoral consistía básicamente en desmontar las reformas más importantes del gobierno (especialmente la Reforma Agraria), revisar la Constitución en su artículos laicistas y amnistía para los delitos políticos.

La extrema derecha, al calor del ya consolidado fas¬cismo italiano y del naciente nacional-socialismo alemán, se organizó en torno a la figura de José Antonio Primo de Rivera, creador de la Falange Española.
Los movimientos anarquistas creaban continuos con¬flictos en el campo y en la ciudad. Tras los sucesos de Casas Viejas, el anarquismo protagonizó una campaña de oposi¬ción al Parlamento de la República a la que despreciaba, pidiendo la abstención en las elecciones de noviembre de I 933: "¡Frente a las urnas, la revolución socia/¡", era el lema de la CNT*. Ésta y la FAI* empezaron a segar la hierba bajo los pies de la República, con sus intentos de establecer el comunismo libertario, practicando lo que ellos llamaban la "gimnasia revolucionaria:' Su actitud fue, a la larga junto a otros, uno de los motivos del hundimiento de la Segunda República.
En la izquierda los republicanos y socialistas no lograron presentar un pro¬
grama conjunto, pese a los esfuerzos de Azaña y el socialista Prieto.
Con este panorama no es de extrañar que estas elecciones las perdiese el gobierno. La abstención fue grande en las regiones donde los anarquistas predomi¬naban y muy pequeña donde la derecha tenía más peso. Las derechas se presentaron unidas y las izquierdas no supieron hacer un frente común. Fue importante el voto femenino, preferentemente de signo conservador, especialmente en el norte del país.
La derecha obtuvo 204 escaños en el Parlamento, el centro (incluidos los radi¬cales de Lerroux) 168; la izquierda 94 diputados: de ellos 54 eran socialistas, el par¬tido de Azaña "Acción Republicana" sólo obtuvo 5 y el Partido Comunista.

- REPÚBLICA DE DERECHAS: EL BIENIO
RADICAL-CEDISTA (1934-1936)

A. LOS PARTIDOS POLÍTICOS ENFRENTADOS

Los dos años de gobierno derechista, denominados por la izquierda como "Bienio negro", o "Bienio rectificador" sería, a fin de cuentas, un periodo estéril y plagado de constantes crisis de gobierno, con continuos cambios de ministros.
El movimiento obrero se radicalizó tras el triunfo de la derecha, produciéndose graves enfrentamientos. A la ame¬naza comunista que pronosticaban unos, se oponía la opre¬sión del fascismo que pregonaban otros. El Presidente de la República, como árbitro de la situación, hizo un lla¬mamiento a la conciencia de los líderes y militantes de los partidos para pedir que la lucha por el poder se llevase a cabo por los cauces legales, es decir, en el Parlamento y mediante la discusión civilizada de los problemas. No se le hizo caso y el abismo que separaba las dos Españas, se fue haciendo cada vez más grande.
Tras las elecciones, se vio que las dos figuras más sobresalientes eran Lerroux (líder radical) y Gil Robles (dirigente de la CEDA). El Presidente de la República, Alca¬lá Zamora, encargó formar gobierno, a los radicales (parti¬do de centro) de Lerroux y puso en "cuarentena" a la CEDA, aunque fue el partido más votado, por considerar¬lo demasiado a la derecha. La desconfianza hacia su líder, Gil Robles, se basaba en que en muchos de sus discursos mostraban tendencias no democráticas y totalitarias. Se le acusaba de claras simpatías hacia el fascismo italiano y el nazismo alemán.
Lerroux solo podía gobernar con el apoyo de la CEDA y su líder Gil Robles dejó claro cuales serían sus intencio¬nes:"Hoy, apoyo al gobierno en cuanto rectifique la política de las Cortes Constituyentes". Es decir apoyaría al gobierno mientras éste desmontase lo hecho por el anterior de izquierdas.
Entre otros partidos de derechas importantes destacan el partido Renovación Española, de Calvo Sotelo quien se convertirá en un líder de la derecha; la Comunión Tra¬dicionalista, formadas por monárquicos carlistas y la Falange Española de las jONS*.
La izquierda, tras su derrota, se sintió traicionada y se mostró totalmente insolidaria con el nuevo gobierno, sin tener en cuenta para nada la voluntad popular expresada.
Las dos agrupaciones anarquistas, la CN.T. (más mode¬rada) y la FA!. (más radical) estaban enfrentadas. Por su par¬te ambas eran rivales de la central sindical socialista, la UG.T. a la que consideraban aburguesada y poco combativa.
Dentro del partido socialista existían también dos tendencias rivales: la moderada, colaboradora con la Repú¬blica, cuyo líder era Indalecio Prieto y la radical que ataca¬ba una República a la que consideraba burguesa buscando la revolución social: su dirigente era Largo Caballero.
Las nuevas Cortes iniciaban su labor legislativa. En ellas tendrán gran poder los representantes de la oligarquía económica: terratenientes, industriales y banqueros.

B. LA POLÍTICA CONTRARREFORMISTA

¿Qué nuevas medidas se adoptaron en esta etapa? Una de las cuestiones mas relevantes fue la Ley de Reforma de la Reforma Agraria que se aprobó en 1935.A partir de la nueva ley se dieron más facilidades para desalojar a los arrendatarios que no pagasen a tiempo la renta al propie¬tario y se anuló, de hecho, la posibilidad de que éstos llega¬se a acceder a la propiedad de los terrenos arrendados. Se expulsó a campesinos ya asentados (yunteros de Extrema¬dura); se derogó la Ley de Términos Municipales permitién¬dose la libre contratación de braceros. Se devolvieron a la aristocracia latifundista parte de las tierras expropiadas en 1932 o se les ofreció por ellas una crecida indemnización.
El presupuesto para el Instituto de Reforma Agraria se redujo muchísimo, mareándose unas indemnizaciones tan grandes para las expropiaciones que era imposible lIevar¬las a cabo. El número de campesinos a asentar se redujo a 2.000 al año. Se rebajaron los jornales; los jurados Mixtos también fueron modificados a favor de los patronos agrí¬colas. Se llegó a pronunciar, contra los braceros sindicados o poco sumisos, la frase: "¡Comed República!" La Reforma Agraria se ralentizó de tal manera que la izquierda consideró anticonstitucional la nueva ley; hasta Falange Españo¬la la consideró insuficiente y así lo expresó su líder José Antonio.
El gobierno central entró también en conflicto abierto con la Generalitat de Cataluña, cuyo Parlamente aprobó la Ley de Contratos de Cultivo muy favorable a lo campesinos arrendatarios y que provocó la oposición di los propietarios.

Los sindicatos agrarios convocaron una huelga general en el mes de junio de 1934 que obstaculizara la siega. Afectó a unos 700 pueblos y el gobierno, conside¬rando la recolección de la cosecha de interés nacional, reaccionó con desmesurada energía desmantelando los sindicatos agrarios. Hubo más de 200.000 huelguistas en 37 provincias; más de 7.000 detenidos y 13 muertos entre jornaleros o propieta¬rios. Muchas Casas de Pueblo y periódicos izquierdistas fueron cerrados.
Respecto a las reformas militares se publicó la Ley de Amnistía, por la que se excarcelaba a los militares sublevados con Sanjurjo en 1932. Mas tarde, al ser nom¬brado, en 1935, Gil Robles Ministro de la Guerra y queriendo prevenir un nuevo movimiento revolucionario, se rodeó de generales de prestigio que fueron elevados de categoría: a Franco se le dio la jefatura del Estado Mayor Central, el puesto de mayor categoría en el ejército; al general Mola se le hizo jefe del Ejército de África. Éstos generales, un año después, se sublevaron contra la República. Desde estos puestos de responsabilidad comenzaron, posiblemente ya en 1935, a forjar la cons¬piración contra la República y a tantear a los generales que estarían dispuestos a apoyarles en el futuro levantamiento.
Por el contrario a los militares más comprometidos con la izquierda de la Repú¬blica los trasladó a puestos poco decisivos.

C. LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1934

En octubre de 1934 sufrió la Segunda República la cri¬sis más grave acaecida hasta entonces: el día 5, a las pocas horas de que tres ministros (Agricultura, Trabajo y Justi¬cia) de la CEDA entrasen a formar parte del gobierno presidido por Lerroux, dio comienzo el movimiento revolucionario, capitaneado por lo socialistas, que llama¬ron al país a la huelga general ya la insurrección arma¬da, aunque eran conscientes de que se estaban sublevando contra un gobierno democraticamente elegi¬do. La justificación fue que el dar entrada a la CEDA en el gobierno se ponía a la República en las garras del fas¬cismo.
Prieto, el líder socialista, fue una de las figuras más sig¬nificativas de la insurrección, asi como Largo Caballero. Representaba al sector más a la izquierda. Al movimiento se unió el resto de la izquierda, aunque no lo hizo la direc¬ción de la CNT.
¿Cuáles eran los objetivos? Para los líderes socialis¬tas se habían de conseguir unas medidas concretas: toma del poder por Io.s socialistas, supresión de la Guardia Civil, reorganización del ejército, nacionalización de la tierra y reforma fiscal. Para las juventudes socialistas, comunistas y anarquistas debía significar la toma del poder por la clase obrera y establecer, a semejanza de lo ocurrido en la URSS, la dictadura del proletariado.

El movimiento revolucionario, sin duda el mayor registrado hasta entonces, duró una semana en Madrid, País Vasco, Ferrol, Murcia, Alicante y las cuencas mineras del sur. En Cataluña, el presidente Companys proclamó el "Estado Catalán dentro de la República Federal Española", tratando también de que en Barcelona se instalase un gobierno pro¬visional de izquierdas, contrario al de Madrid. La situación la dominó el gobierno central y tras bombardear el Ayun¬tamiento y la Generalitat en Barcelona, el gobierno catalán se rindió y sus principales líderes fueron encarcelados. El Estatuto de Autonomía catalán fue suspendido temporal¬mente.

En Asturias, el movimiento constituyó una auténtica revolución social a fin de "abolir el régimen burgués", según manifestaron la UGT y la CNT. Unos 20.000 traba¬jadores, mas o menos armados, tras apoderarse de las armas de la fábrica de Trubia, controlaron las principales ciudades. En la región, la Alianza Obrera, que integraban socialistas, comunistas y anarquistas establecieron un "orden revolucionario" que consistía en organizar un siste¬ma de abastecimiento, sanidad, orden público, servicios médicos, etc., tratando de que la vida siguiera su curso normal. Europa contempló perpleja el desarrollo de una revolución que se asemejaba a la acaecida en Rusia años antes, en 1917.
El gobierno, presionado por Gil Robles, reaccionó con dureza y encargó al general Franco reprimir la rebe¬lión. Al ver que las tropas regulares no serían suficientes para acabar con una insurrección, en la que había expertos mineros que empleaban la dinamita con mortal eficacia, se ordenó enviar tropas profesionales del ejército de África. Dos mil legionarios e indígenas regulares desembarcaron en Gijón y tras una atroz carnicería, en combates, calle por calle en Oviedo, lograron recuperar y controlar cada ciu¬dad asturiana.

Las consecuencias de la Revolución de Asturias fue¬ron importantes. La pérdida de vidas humanas fue grande: 1.335 muertos, la mayor parte de ellos revolucionarios así como 284 del ejército y fuerzas de seguridad; los revolu¬cionarios por su parte fusilaron a 33 religiosos y sacerdo¬tes y a 30 guardias civiles. Hubo mas de 3.000 heridos entre los sublevados y 900 entre las fuerzas del gobierno; 30.000 encarcelados, entre ellos los líderes políticos, Aza¬ña, Largo Caballero y Companys. Se dictaron 20 penas de muerte. Prieto, uno de los instigadores, logró exiliarse. Las ejecuciones sin juicio (unas 200), saqueos y torturas, des¬prestigiaron al gobierno ante la opinión pública liberal nacional e internacional.

La derrota obrera envalentonó a la patronal y se pro¬dujo la represión económica: se rebajaron salarios, se aumentaron las horas de trabajo, se despidieron a obreros sindicados y se controlaron estrechamente a los sindicatos obreros, suprimiendo sus publicaciones.
Las posturas la derecha y la izquierda se radicali¬zaron a partir de estos hechos. En diciembre de 1934, Cal¬vo Sotelo fundó el Bloque Nacional respaldado por monárquicos y tradicionalistas. Su programa consistía en la implantación de un Estado autoritario, corporativo y regido por una monarquía tradicional. En 1935, en las filas del ejér¬cito, tomó cuerpo una organización dispuesta a derribar a la República, la UME (Unión Militar Española). La izquierda centró sus esfuerzos en la creación de un Frente Popular.
En resumen, se había ensayado la posibilidad de elimi¬nar y pisotear al contrario: veintiún meses después volve¬rían a repetirse éstos acontecimientos a gran escala en la Guerra Civil.
Así y todo, la grave represión de la Revolución de Octubre de 1934, desestabilizó al gobierno.


- LA CAÍDA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLlCA DE DERECHAS
Y LA FORMACIÓN DEL FRENTE POPULAR

A. El FIN DEl GOBIERNO DE DERECHAS

Tras la revolución, la CEDA salió fortalecida y logró cinco carteras en el gobierno presidido por Lerroux. La opinión pública y el propio gobierno se dividieron sobre la aplicación de penas más severas a los sublevados de la Revolución de Octubre encarcelados, o su amnistía. El Pre¬sidente de la República, Alcalá Zamora abogaba por la flexibilidad; la CEDA y las derechas por la dureza. Poco a poco se demostraría que la República era débil y que esta¬ba siendo dominada por los extremistas de derecha o de izquierda, por los violentos que preferían los enfrenta¬mientos callejeros a la libre discusión de las ideas y opi¬niones. Se estaba generando una atmósfera de ruptura total; la mayor parte de la población española estaba por la moderación, pero fueron arrastrados por las minorías extremistas.

Se aceleraron las medidas contrarreformistas en agri¬cultura, se frenaron las aspiraciones nacionalistas de cata¬lanes, vascos y gallego. También se redujeron los presupuestos para gastos de bienestar social y educación.
Un escándalo, llamado del "estraperlo" (concesión de licencias con soborno, a un fabricante holandés, para introducir en casinos españoles el juego ilegal de la ruleta) en el que se vieron implicados varios miembros del ejecu¬tivo, obligó al presidente del gobierno, Lerroux, a dimitir. Gil Robles, el líder de la CEDA, pidió al Presidente de la República, que lo nombrase presidente de un nuevo gobierno. Alcalá Zamora temiendo que la llegada de Gil Robles al poder significase la aparición de una dictadura de derechas, se negó. Ante la negativa, Gil Robles pensó en la posibilidad de dar un golpe de estado con apoyo militar y consultó a varios generales como Fanjul, Goded, Varela y Franco. Este último le señaló que no era un buen momen¬to. El Presidente de la República disolvió las Cortes y con¬vocó nuevas elecciones.

B. LA UNIÓN DE LAS IZQUIERDAS
Y LA FORMACIÓN DEl FRENTE POPULAR

Azaña fue el artífice de la unión de la izquierda para lograr el triunfo en las nuevas elecciones. "La condición fun¬damental, hoy por hoy, es la unión electoral de las izquierdas".

Este sería el lema que Azaña durante 1935 repitió en múltiples mítines, una y otra vez. Por su parte, Indalecio Prieto, el líder socialista en el exilio, trató de hacer lo mis¬mo en lo que llamó un Frente Popular, con un programa que pedía: amnistía general para los presos de la Revolu¬ción de Octubre y readmisión de los despedidos por cau¬sas políticas o sindicales, puesta en marcha de nuevo de la Reforma Agraria y del Estatuto Catalán, vuelta a los Jura¬dos Mixtos y aumento del presupuesto de educación. Es decir, la ley del péndulo, que era volver a poner en marcha lo deshecho por la derecha.
El pacto del Frente Popular se firmaría el 15 de enero de 1936. En él iban a participar los partidos más importantes y sindicatos de izquierda: Izquierda Republica¬na, PSOE, UGT, Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Esquerra Republicana de Cataluña, POUM*, ORGA (autonomistas gallegos), etc. Las centrales anarquistas CNT- FAI decidieron no hacer campaña a favor de la abs¬tención y alguno de sus líderes recomendó votar.

La campaña electoral fue muy violenta no sólo por los enfrentamientos calle¬jeros sino también por los argumentos que se emplearon. La propaganda del Fren¬te Popular señalaba:"el fascismo vaticanista ofreció trabajo y ha dado hambre; ofreció paz y ha dado cinco mil tumbas; ofreció orden y ha llenado el patíbulo. El Frente Popular no ofrece más de lo que ha de dar ni menos de lo que dará: Paz, Pan y Libertad".
El líder socialista, Largo Caballero, llegó a afirmar que en caso de ganar la dere¬cha las elecciones "procedería a declarar la guerra civil".

Por su parte, la Iglesia española recomendó a los católicos que votasen en contra del Frente Popular. La Falange dijo que se opondrían violentamente si había un resultado electoral "peligrosamente contrario al destino eterno de España". El líder derechista Calvo Sotelo, manifestaba la obligación de todo buen patriota de votar¬le, pues en caso contrario la bandera roja ondearía sobre el país: "esa bandera roja que simboliza la destrucción del pasado y de los ideales de España".
A las elecciones acudieron unidas, teóricamente, las izquierdas (Frente Popular) y con una unión más frágil las derechas (Bloque Nacional). España se había polariza¬do en dos bandos rivales e irreconciliables.

EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR

A. EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR

Las elecciones del 16 de febrero de 1936 se desarro¬llaron, en calma y democráticamente. La no abstención de los anarquistas hizo que votase el 72 % del censo electoral. Los resultados totales hacen ver que el centro había desa¬parecido de la escena política. Había dos fuerzas rivales, la izquierda y la derecha: Frente Popular: 4.654.116 votos (34'3 %). Derechas: 4.503.524 votos (33'2 %). Centro y PNV: 526.615 votos (5'4 %).
La diferencia entre las derechas y las izquierdas no era mucha: 150.000 votos pero, al favorecer la ley electoral a las mayorías, a la hora de componerse el Parlamento los escaños se repartieron así: Frente Popular 278, derechas 124, centro 5 l.
El voto de la derecha se concentró en la España rural interior del norte; las izquierdas triunfaron en las grandes ciudades, zonas mineras y de latifundio así como en las regiones que aspiraban a la autonomía.
El nuevo Parlamento de la República destituyó al Presi¬dente, Alealá Zamora por considerarlo demasiado mode¬rado y en su lugar fue nombrado Manuel Azaña. La eliminación de Alcalá Zamora fue un grave error político pues éste podría haber servido de puente neutral que sal¬vase el abismo y comunicase a las dos Españas que estaban enfrentadas.

B. LA AGITACIÓN POLÍTICO-SOCIAL. VIOLENCIA Y REFORMAS

De febrero a julio del 36, España se vio convulsionada por una escalada espectacular de desórdenes de todo tipo: atentados, saqueos, atracos, asesinatos, apalea¬mientos, insultos, incendios de sedes sindicales, periódicos rivales y edificios religiosos, huelgas salvajes, etc., que el gobierno se vio incapaz de atajar ante las constantes críti¬cas de la derecha.
Se abrieron las cárceles y de ellas salieron no sólo los presos políticos de 1934 (unos 30.000), sino también muchos delincuentes comunes.

En nuevo gobierno propició el desarrollo de un nuevo estado de las autonomías y, con la puesta en libertad de Companys, volvió a tener vigencia el Estatut de Catalu¬ña. En el País Vasco y Galicia se consolidaban las Tesis auto¬nomistas y tomaban más fuerza en otras regiones que empezaron a preparar sus estatutos de autonomía: Valen¬cia, Andalucía, Castilla, Aragón y Asturias.
Se volvió a acelerar el proceso de la Reforma Agraria y el IRA fue autorizado a ocupar las fincas que considerase de utilidad social. La ilusión de que fuera cier¬ta la fórmula de "la tierra para quien la trabaja", volvía a abrirse paso entre las masas campesinas. El escenario había cambiado; ahora eran los trabajadores del campo y sus sin¬dicatos la fuerza dominante, ante el temor de empresarios y terratenientes. La situación en el campo se deterioraba rápidamente con un incremento de la conflictividad: robos de cosechas y animales, tala de árboles; violencia de los propietarios que disparaban para defender sus cosechas. El paro agrario aumentó: en junio de 1936, de los 800.000 trabajadores que se registraron en el paro, 500.000 eran jornaleros del campo. A todo esto hay que añadir las malas cosechas motivadas por lluvias torrenciales.
Entre mayo y julio de 1936 se asentaron más campesi¬nos que en los cinco años anteriores de la República. Los choques entre campesinos que ocupaban tierras y la fuer¬za pública a la que el gobierno muchas veces no controla¬ba y estaba dirigida por los terratenientes y caciques, ocasionó desastres como el de Yeste (Albacete) donde, al ser detenidos unos campesinos por talar árboles en una finca particular, hubo un choque entre la Guardia Civil y los campesinos con el balance de 17 campesinos y I guar¬dia civil muertos así como una treintena de heridos.

La inquietud social crecía en las ciudades alimentada por el sector revolucionario del PSOE y la UGT (Largo Caballero) y por la CNT que despreciaba, ahora también, al gobierno "burgués" del Frente Popular y pretendía una revolución que crease una sociedad sin clases, estructura¬da en comunas libertarías. Las peticiones obreras eran las habituales: mayor salario y menos horas de trabajo. Se exi¬gió la readmisión, con indemnización, de los despedidos por motivos políticos o sindicales. La hostilidad de los patronos se desató cerrando fábricas, talleres y minas.
En la calle las milicias de la Falange, engrosadas por jóvenes decepcionados de la CEDA, chocaban diariamente con milicias sindicales de izquierda que se habían reforza¬do, tras establecerse la alianza de las Juventudes socialistas y las Comunistas en las Juventudes Socialistas Unificadas USU), dirigidas por Santiago Carrillo y con las de la CNT¬FAI que también habían crecido espectacularmente.
En todas partes se oía la palabra revolución, a las que unos aspiraban y a la que otros se oponían. El resultado será la destrucción del régimen republicano.

- LAS CONSPIRACIONES CONTRA
El FRENTE POPULAR Y EL INICIO DE lA GUERRA CIVIL.

A. LA CONSPIRACIÓN CIVIL Y RELIGIOSA DE LAS DERECHAS

Entre las organizaciones de derechas destacaban dos: los carlistas (requetés) y la Falange, formadas por jóvenes radica¬les, uniformados que se organizaban militarmente, se armaban y se entrenaban previendo la inminencia del levantamiento.
En Navarra, los carlistas, partidarios de los derechos al trono de España del pretendiente carlista Alfonso Car¬los de Borbón, organizaron y prepararon a su milicia arma¬da, el requeté.
La Falange, que sólo había conseguido, en toda Espa¬ña 45.000 votos, había crecido espectacularmente después de las elecciones de febrero; a ella se sumaban jóvenes vio¬lentos desengañados de la CEDA y las llamadas "personas de orden" o clases medias que temían la revolución que defendían las izquierdas. Su líder, José Antonio, fue deteni¬do y encarcelado. Su periódico Arriba se clausuró al ser halladas armas en uno de los locales del partido.
Calvo Sotelo, se erigió junto a Gil Robles como el portavoz de la derecha en el Parlamento, donde protagoni¬zaba violentos enfrentamientos verbales con las izquierdas.
La Iglesia estaba atemorizada por el creciente anticle¬ricalismo que dio lugar a la quema de numerosos edificios religiosos y rechazaba medidas adoptadas por el gobierno como el cierre de los colegios religiosos, el aumento de maestros en la enseñanza pública así como la enseñanza de niños y niñas juntos, en las aulas. Salvo en el País Vasco, apoyaría a la sublevación militar y la legitimaría dándole el carácter de "cruzada contra el comunismo ateo".

B. LA CONSPIRACIÓN MILITAR

La idea de la intervención del ejército, mediante un gol¬pe de Estado, en la vida política, mal endémico de la Espa¬ña contemporánea, estaba latente desde los comienzos de la Segunda República. Ahora tomó especial fuerza de la mano de un grupo de generales (Sanjurjo, Mola, Goded, Varela, Franco) que no tenían una ideología clara y pro¬yectaban restablecer el orden social tradicional, contando con la colaboración de las organizaciones civiles de extre¬ma derecha, que estarían subordinadas a su mando.

El gobierno de la República, enterado de la conspira¬ción, tomó la ineficaz medida de alejar de la Península a los principales conspiradores: a Franco se le envió a Canarias y a Goded a Baleares. Mantuvo en su puesto a Mola en Navarra, que tomó las riendas de la sublevación.
El 8 de marzo de 1936, en una reunión mantenida en Madrid, los generales Mala, Varela y Franco junto a otros mandos, acordaban derribar, mediante un pronunciamiento, al gobierno frentepopulista. El alzamiento militar no sería ni por la República, ni por la monarquía, sino por España y para restablecer el orden. Más tarde se instauraría el régi¬men que más conviniese a la nación.

Se establecieron unos claros objetivos: suspender la Constitución de la República, disolver las Cortes, detener, encarcelar y, en su caso, fusilar a políticos y sindicalistas de izquierdas considerados peligrosos. Se establecería un Directorio militar republicano, presidido por el exiliado general Sanjurjo, con cinco generales más. Uno de ellos sería Franco. Los monárquicos y la CEDA aspiraban a que se restaurase la monarquía de Alfonso XIII. Los carlistas querían la subida al trono de su candidato.


El general Mola planeó que, el día señalado, se sublevasen los comandantes militares de todas las provincias y que él con sus tropas y el apoyo de las milicias requetés, se dirigiría a conquistar Madrid desde el norte, mientras que Franco, con el ejército de África, lo haría desde el sur. Algo falló.
Si hasta entonces, en la Historia reciente de España, los pronunciamientos mili¬tares se habían resuelto en pocos días con la victoria o derrota de los sublevados y con poco derramamiento de sangre, ahora será diferente: muchos mandos militares no se sumaron a la rebelión y las masas populares se lanzaron a las armas para defender los logros de la República.

Había comenzado una Guerra Civil de tres años que costaría miles de muertos, desencadenaría una brutal represión de los vencedores y cuarenta años de dictadura franquista.

TEXTO IIª REPUBLICA.

La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades públicas, ha resuelto un problema específico de importancia capital, ¡quién lo duda!, pero no ha hecho más que plantear y enunciar aquellos otros problemas que han de transformar el Estado y la sociedad españoles hasta la raíz. Estos problemas, a mi corto entender, son principalmente tres: el problema de las autonomías locales, el problema social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de lo propiedad, y este que llaman problema religioso, y que es en rigor lo implantación del laicismo del Estado con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias. Ninguno de estos problemas los ha inventado la República (...). Cada uno de estas cuestiones, señores diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en la conciencia pública, y al venir aquí, al tomar hechura y contextura parlamentaria es cuando surge el problema político. Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a eso que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español. Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde a la pregunta sobre el misterio de nuestro destino (...).
Diario de sesiones de los Corles, 13 de octubre de 1931
1. Realizar el comentario de texto atendiendo a las siguientes cuestiones:
a. Tipo de texto, circunstancias concretas en que fue escrito, destino y propósito de quién lo escribió.
2. Indicar y explicar las ideas aparecidas en el texto resumiendo el contenido.
3. Responder a las siguientes cuestiones:
a. Explicar los rasgos definitorios de la situación política que conducen a los motivos y estado de opinión a la que obedece el texto.
b. Exponer el desarrollo de la IIª República en el periodo mencionado en el texto.

TEXTO MANIFIESTO PRIMO DE RIVERA

El golpe de Estado

Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin
interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la Pa¬tria no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesio¬nales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshon¬roso. La tupida red de la política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real (oo.)
Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles que representen nuestra mo¬ral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, que sin poner reme¬dio a nada, dañan tanto y más a la disciplina que está recia y viril a que nos lanzamos por España y por el Rey. Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracte¬rizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles: ¡ Viva España y viva el Rey!
Parte dispositiva
Al declararse en cada región el estado de guerra el Capitán General. o quien haga sus veces, destituirá a todos los gobernadores civiles y encomendará a los gobernadores y comandantes militares (...) Se ocuparán los sitios más indicados, tales como centros de carác¬ter comunista o revolucionario, estaciones, cárceles, bancos, cen¬trales de luz y depósitos de agua y se procederá a la detención de los elementos sospechosos y de mala nota. En todo lo demás se procurará dar la sensación de una vida normal y tranquila (oo.)
MIGUEL PRIMO DE RIVERA, Capitán General de la Cuarta Región (La Vanguardia, Barcelona, 13 septiembre 1923).

1. Realizar el comentario de texto atendiendo a las siguientes cuestiones:
a. Tipo de texto, circunstancias concretas en que fue escrito, destino y propósito de quién lo escribió.
2. Indicar y explicar las ideas aparecidas en el texto resumiendo el contenido.
3. Responder a las siguientes cuestiones:
a. Explicar los rasgos definitorios de la situación política que lleva al Golpe de Estado.
b. Enumerar y relacionar las características del Golpe, haciendo especial hincapié en el comportamiento de los apoyos dentro del sistema político vigente y de sus oposiciones.

EL DESASTRE DE ANUAL.

EL DESASTRE DE ANUAL.

Entró el general (Silvestre) en Igueriben, y los rebeldes (que indudablemente vieron entrar el grupo y supusieron que se trataba de Silvestre) se lanzaron con premeditada táctica y con imponderable furia, logrando cercar.
El general decidió la retirada, y con las fuerzas se retiró a Annual; pero bien pronto vio que el retroceso había sido inútil y que se imponía una retirada más completa de la primera línea.
Entonces lanzó mensajes radiofónicos a Tetuán y a Ceuta, que algún barco recogió y reexpidió a Madrid, declarando que se hallaba en situación desesperada y anunciando que, bajo su responsabilidad, ordenaba la evacuación de todas las posiciones avanzadas con la consigna de que las fuerzas se reunieran en el campamento de Dar-Drius. Se emprendió, pues, el repliegue general, y en su primera parte fue ordenado y, relativamente, con poco fuego; pero el enemigo, advertido del movimiento, se lanzó impetuosamente sobre algunas compañías peninsulares y sobre los grupos de Regulares. ¿Aguantaron todos estos con la debida cohesión?¿Hubo vacilaciones o, lo que es peor, defecciones?. Esto se aclarará en informaciones [...]
Terminaba el repliegue y el general Silvestre seguía en la posición de Annual, cercaba por los Beni Urriaguel. En persona fue ordenando el desfile de las últimas secciones. Parece que se le hicieron algunas indicaciones; pero se resistió a dejar aquel sitio.
Diario ABC, 24 de julio de 1921
1. Realizar el comentario de texto atendiendo a las siguientes cuestiones:
a. Tipo de texto, circunstancias concretas en que fue escrito, destino y propósito de quién lo escribió.
2. Indicar y explicar las ideas aparecidas en el texto resumiendo el contenido.
3. Responder a las siguientes cuestiones:
a. Explicar los rasgos definitorios de la situación política que lleva a la derrota en la guerra de Marruecos.
b. Enumerar y relacionar las características del Desastre, haciendo especial hincapié en el comportamiento en la situación interna del Ejército, la crisis social y la crisis política del momento.